Una exfuncionaria de la embajada española en Londres demanda a España por llamarla «doble agente»

Lydia Lorenzo, exsecretaria de la embajada de España en Londres, con doble nacionalidad española y británica, ha presentado una demanda a España por despido improcedente y discriminación contra el gobierno español, tal como ha informado el diario británico The Times.

Lorenzo trabajó en la embajada española entre los años 2008 y 2015, desempeñando el cargo de secretaria social del embajador. Según sus alegaciones, durante su tiempo en el empleo fue objeto de comentarios que ponían en duda su lealtad a España, siendo etiquetada como una posible «agente doble» debido a su condición de poseer también la nacionalidad británica. A raíz de todo esto, Lydia acusó que se generó un ambiente hostil en el entorno laboral que finalmente culminó con su despido.

Por su parte, el gobierno español sostiene que las funciones de Lydia estbaban vinculadas al ejercicio de la diplomacia, un ámbito protegido por la inmunidad estatal bajo la Ley de Inmunidad Estatal de 1978 del Reino Unido.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación británico ha rechazado el argumento de inmunidad presentado por España, determinando que las labores administrativas de Lydia Lorenzo no están cubiertas por el derecho internacional. Esto permitirá que el caso sea escuchado en un tribunal laboral.

El abogado de Lorenzo, Ryan Bradshaw, ha destacado la importancia del caso para garantizar que las leyes de igualdad británicas se apliquen incluso en contextos diplomáticos. Sin embargo, desde el lado español, se argumenta que el respeto a la inmunidad estatal es esencial para el funcionamiento efectivo de las relaciones internacionales, y que aceptar este tipo de demandas puede sentar un precedente que afecte a la autonomía operativa de las misiones diplomáticas en todo el mundo.

Al pronunciar el fallo de rechazar el argumento de inmunidad, el juez Bean criticó el tiempo que había durado el caso de Lydia Lorenzo, cuya demanda se retrasó por primera vez en 2016 mientras las partes esperaban el resultado de un caso similar en la Corte Suprema. Dicho caso involucraba a una marroquí que sufrió acusaciones de despido improcedente cuando trabajaba como ama de llevas para el gobierno sudanés en Londres. El gobierno sudanés argumentó que tenía inmunidad estatal, pero la Corte Suprema rechazó su caso.