Bayrou se abre a renegociar la polémica reforma de las pensiones de Macron en aras de la estabilidad

El primer ministro de Francia, François Bayrou, se jugaba, este martes, la continuidad de su recién formado Gobierno con su esperado discurso ante la Asamblea Nacional (AN). La polémica reforma de las pensiones del presidente galo, Emmanuel Macron, que retrasa progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, era el principal escollo de Bayrou para conseguir el apoyo de los diputados socialistas y evitar una nueva moción de censura.

«He decidido volver a poner este tema sobre la mesa, con los interlocutores sociales, durante un breve período de tiempo», anunció Bayrou en su esperado discurso en el que marcó las principales líneas de actuación de su Ejecutivo. Aún así, el primer ministro galo advirtió de que si no se llega a un acuerdo en los próximos tres meses que garantice el «equilibrio financiero», seguirá aplicando la misma reforma.

En 2023, Macron impuso por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años en contra de la opinión de la mayoría de los franceses y sin pasar por votación en la AN, donde no tenía asegurada su aprobación. Durante las elecciones legislativas anticipadas de 2024, la coalición de izquierdas el Nuevo Frente Popular (NFP), liderada por la formación radical de la Francia Insumisa (LFI), hizo campaña por su derogación y ahora amenaza con una nueva moción de censura al Ejecutivo si este no cede a derogar la norma.

«La reforma de las pensiones es vital para nuestro país y para nuestro modelo social», añadió Bayrou, destacando la postura «valiente del Gobierno» de la entonces Elisabeth Borne. «Podemos buscar una nueva vía de reforma, sin tabúes. Ni siquiera la edad de jubilación, siempre que cumpla el requisito, y el único requisito, de que no podemos permitir que se deteriore el equilibrio financiero que buscamos y en el que casi todo el mundo está de acuerdo», aseguró.

Para ello, el primer ministro galo pedirá al Tribunal de Cuentas un informe sobre la situación «a partir del viernes» y recordó que las pensiones cuestan a las arcas pública francesas 380.000 millones de euros al año, mientras que los asalariados y los empresarios de los sectores público y privado financian el sistema con 325.000 millones de euros. «Los 55.000 millones restantes los paga el sector público y, sobre todo, el presupuesto del Estado, unos 40.000 o 45.000 millones», aseguró. Bayrou reconoció que «no tenemos ni un céntimo de estos 40.000 o 45.000 millones de euros anuales. Cada año, nuestro país toma prestada esta cantidad».

«Esta deuda es ante todo un problema moral», añadió, para terminar diciendo que «la reforma de las pensiones es vital para nuestro país y nuestro modelo social». En esta línea, Bayrou anunció que la previsión de crecimiento para Francia, que era del «1,1 % antes de la censura» del Gobierno de Michel Barnier, se ha fijado ahora en el «0,9 %, en línea con las previsiones del Banco de Francia». Para el primer ministro francés, el objetivo presupuestario es alcanzar «un déficit público del 5,4 % del Producto Interior Bruto de aquí a 2025».

La cuestión financiera es crucial. Francia, la segunda economía de la Unión Europea, cuenta con elevados niveles de déficit y deuda pública, por encima de los límites establecidos en la zona del euro, y busca evitar agravarlos. La incógnita ahora es si ha logrado convencer a la oposición. El pasado mes de diciembre, la coalición de izquierdas junto con Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, tumbaron el breve Gobierno de su breve predecesor, Michel Barnier, cuando intentaba aprobar los presupuestos para este 2025.