El fraude de las inhabilitaciones: un arma de doble filo para el Gobierno de Maduro

Recientemente la Plataforma Unitaria opositora ha informado que en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro mediadas por Noruega en Barbados, se «determinó que debía establecerse una vía que, con celeridad, permita habilitar candidatos presidenciales», y que en consecuencia, se dio la aprobación al mecanismo para «procurar la revisión» en el TSJ de Venezuela de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República (CGR), en particular, la de la candidata y líder María Corina Machado.

En tal sentido, la opinión de juristas calificados apunta a que lo acordado parece más bien una argucia, una trampa, es decir, un argumento falso que se hace pasar por verdadero. Eso sí, sirve para sacarle las castañas del fuego tanto a Maduro como a la Casa Blanca sin dejar de ser lo que es, una burla a la buena fe de los venezolanos y hasta para los más avisados observadores extranjeros.

La razón fundamental es que no existe algún expediente sustanciado y una decisión que inhabilite políticamente a María Corina, que justifique su obligación de recurrir ante un juez, en particular tratándose de un lacayo de la dictadura.

Bien haría Machado en solicitar, simplemente, copia del expediente a partir del cual se la inhabilita, para poner en evidencia la falacia de esa condición. En cuanto al texto del «acuerdo», este se limita a repetir lo ya escrito en la Constitución y las leyes de Venezuela. Nada más.

Como apunta certeramente el Dr. Asdrubal Aguiar, ¿Cómo entonces puede hablarse de un acuerdo negociado, siendo que éste sólo copia lo que es mandatorio e inderogable legalmente y reproduce los pasos que indica la ley y que cada presunto inhabilitado políticamente ha de seguir ante la Justicia, para verse habilitado y protegido en sus derechos vulnerados? ¿cabe en una democracia que se respete y en la que rija la separación de poderes que gobierno y oposición pacten las formas y procedimientos reservados por la ley y a los jueces? ¿No es acaso esto lo que viene ocurriendo en España, en donde los socios del gobierno se dan autoamnistías en nombre y con desprecio de la Constitución?

En Venezuela no hay Estado de derecho ni los jueces son independientes. Estos y los fiscales están coludidos y se les señala como responsables por el clima de impunidad que han avalado bajo instrucciones del Gobierno. Así que la pregunta clave es: ¿puede ofrecerse mediante acuerdo una garantía efectiva de tutela judicial en un país sin Justicia ni jueces o sujetos ambos al poder Ejecutivo?

En el camino queda la pregunta, es decir, una aporía, una dificultad lógica insuperable sobre la cuestión del acuerdo entre la dictadura y la Plataforma Unitaria anunciado: ¿Cómo se hace para habilitar a una persona que formal y legalmente no se encuentra inhabilitada, a través de un amparo constitucional interpuesto ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia?

Dado que en el caso de Machado no media un juicio penal ni una condena definitivamente firme que la haya inhabilitado, tal como lo exige la propia Constitución y lo demandan los estándares normativos internacionales sobre derechos humanos, todo lo señalado como razones para la inhabilitación queda convertido en una fake news, en una virtualidad construida políticamente por el Gobierno y sus aliados dentro y fuera, para imponerla como constructo en la opinión, usando de los llamados alacranes u opositores funcionales a su servicio.

Éstos, al efecto, parten de medias o viejas verdades –Machado fue inhabilitada administrativamente, no políticamente, en 2015 y por un año, tal como lo declarara entonces el contralor de la República– y luego las transforman como mentira en una verdad conveniente, pero de utilería. Entonces, cabe insistir en la premisa de base: ¿Existe algún expediente sustanciado y una decisión que inhabilite políticamente a María Corina, y que la obligue a justificar su derecho como ciudadana?

Tal como establece la jurisprudencia nacional (como en el caso de la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017), e internacional, no basta que la constitución y la ley permitan inhabilitar administrativa o políticamente a un ciudadano, sino que el recurso legal deben, también, tener efectividad, pues no pueden considerarse efectivos «aquellos recursos legales que por las condiciones generales del país, –como el no tener Estado de Derecho ni jueces independientes– o incluso por las circunstancias particulares -como es el caso de María Corina Machado–, resulten ilusorios».

Así pues, lo que tenemos entre manos, más que una ilusión óptica, es un verdadero fraude. Es un intento de «legalización de la ilegalidad», como dice Aguiar, que es el instrumento normal y fisiológico del gobierno de Maduro para normalizar la mentira política. Un arma de doble filo para el gobierno.