Electrificación
El despropósito de sacar de la ciudad 7,6 millones de coches sin etiqueta para mandarlos a los pueblos
Las Zonas de Bajas Emisiones y el sistema de etiquetas serán recordados como uno de los mayores sinsentidos a los que se han enfrentado los conductores y la industria del automóvil
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han llegado para quedarse. Se trata de una medida diseñada por el Gobierno español de acuerdo con los objetivos europeos de reducción de emisiones y descarbonización de la atmósfera, que debería culminar en 2050 con la neutralidad total de emisiones.
En este caso el Gobierno en colaboración con la DGT diseñó una legislación marco, dentro de la cual debían moverse los 149 municipios españoles con más de 50.000 habitantes y aquellos con más de 20.000 que tengan elevadas tasas de contaminación en la atmósfera.
Etiquetas y multas
El marco legal tiene dos claves fundamentales, por un lado la creación y desarrollo de las etiquetas medioambientales de la DGT, y por otro la posibilidad de multar con 200 euros a los conductores que incumplan las normas.
A partir de ahí es cada localidad la que debe establecer sus propias limitaciones a la circulación y sus ZBE. Ciudades como Madrid y Barcelona directamente han prohibido la circulación los vehículos sin etiqueta, mientras que otras más pequeñas han optado por limitar su circulación a un número de veces a la semana o en determinados horarios.
Sin duda se trata de una media mucho más razonable si tenemos en cuenta que estas limitaciones afectan ya a los más de 7,6 millones de coches sin etiqueta que hay en España.
Parque envejecido
Merece la pena recuperar un dato demoledor que dice que España tiene uno de los tres parques móviles más antiguos de Europa, con una antigüedad media en torno a los 14 años, lo que significa que este tipo de medidas afectan mucho más en España que en el resto de los países de la Unión Europea.
Tal y como está diseñado el Plan Moves III, los propietarios de un coche con más de siete años que se compren un vehículo electrificado reciben una ayuda de 2.500 euros, pero se trata de una bonificación envenenada, pues la administración está tardando más de dos años en pagarla y cuando lo hace cotiza como un ingreso extraordinario dentro de la declaración de la renta.
El Moves III es un caos
Este despropósito se traduce en que son muchos los propietarios que deciden dar el paso a la electrificación con la compra de un coche híbrido o eléctrico pero que no entregan su coche usado aunque tenga más de siete años.
En su lugar lo ponen a la venta de forma particular o incluso a través del propio concesionario y acaban por venderlos en lo que conocemos la España rural.
Miles de coches encuentran así su destino en pequeños pueblos y localidades en las que ni tienen ni van a tener Zonas de Bajas Emisiones, lo que significa que lo único que hemos logrado es llevarnos los coches contaminantes y sus emisiones a los pueblos.
Es algo similar a lo que hubiera ocurrido si cuando se sustituyeron las calderas de carbón en las ciudades las hubiéramos enviado a los pueblos para calentar sus casas.