Impuestos
Cataluña, País Vasco y Navarra podrían quedar exentas de los peajes que sí pagaremos el resto de españoles
El Estado ha transferido a estas comunidades la titularidad de numerosas carreteras sobre las que no tiene capacidad para la puesta en funcionamiento de un sistema de peajes
Tal y como destapó recientemente Juan Bravo, responsable de asuntos económicos del Partido Popular, según el compromiso firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas en 2021, las carreteras españolas de alta capacidad serán de pago en 2024.
Estos peajes, que costarían entre uno y nueve céntimos por kilómetro en función de la carretera y de las condiciones puntuales, afectarían a las vías rápidas de la red nacional de carreteras, es decir a las carreteras de titularidad estatal, que en contra de lo que podría creerse no son todas, pues en muchas de ellas la titularidad fue transferida a las comunidades autónomas.
Titularidad transferida
En este contexto parece complicado hablar de una unicidad en el nuevo sistema de pago por uso de las carreteras (un peaje encubierto) al que se comprometió Pedro Sánchez con Bruselas en el plan de recuperación post pandemia, y que tenía como contraprestación la recepción de casi 90.000 millones de euros de los fondos Next Generation.
Actualmente tres comunidades españolas tienen transferidas las competencias totales en materia de tráfico: Cataluña, País Vasco y Navarra. Esto no afectaría a la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de peajes de no ser porque estas tres comunidades tienen también transferidas la titularidad de prácticamente la totalidad de las vías rápidas (autopistas y autovías).
Consulta pública
Este detalle impide al Gobierno activar ningún tipo de peaje que no esté ya activo mediante sistema de concesiones, lo que a buen seguro va a provocar un serio problema de intereses, y puede terminar en un agravio comparativo.
Tras consultar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cómo se iba a articular este peaje entre comunidades, partiendo de la base de que el Gobierno no tiene la titularidad de gran parte de las autopistas, la respuesta literal ha sido cuanto menos inquietante, pues no existe forma más allá del pleno acuerdo.
Las comunidades autónomas tienen la competencia sobre las carreteras de su titularidad y, por ello, la capacidad de hacer lo que consideren, independientemente de las decisiones que pueda tomar el Estado. Actualmente, no hay ningún sistema definido para las vías de titularidad estatal y, tal y como se ha declarado públicamente en numerosas ocasiones por los miembros del Gobierno, no se va a implantar ningún sistema de peajes si no se tiene el consenso de las administraciones, grupos políticos y de los sectores sociales y sectores empresariales afectados.
Es cierto que este problema podría afectar a casi todas las comunidades autónomas españolas, pues prácticamente la totalidad tiene transferidas la titularidad de algunas autopistas. Pero la experiencia dice que va a ser especialmente sangrante en País Vasco, Cataluña y Navarra.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que las tres comunidades tienen ya en marcha sistemas de peajes propios en carreteras de su titularidad, por lo que no va a ser fácil que cedan a la creación de un mecanismo de pago nacional.
El caso vasco
El País Vasco tiene actualmente transferida la titularidad del 80 % de su red de autopistas y autovías, lo que supone que están fuera de las competencias del Estado. Adicionalmente el País Vasco ha puesto ya en funcionamiento un sistema de peajes de pago por kilómetro, lo que obliga a darse de alta en las carreteras antes de circular por ellas si no queremos llevarnos una multa.
Peor en Navarra y Cataluña
El caso Navarro no es menos sangrante, aquí la única autopista de titularidad pública es la AP-68, que ya es de peaje, por lo cual difícilmente el Gobierno va lograr poner un peaje en otras carreteras, sobre todo cuando el Gobierno Foral de Navarra tiene ya su propio plan de peajes a vehículos pesados que afectaría a la A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68.
El panorama no es mucho mejor en Cataluña, donde el Gobierno sólo conserva la titularidad de determinados tramos de las autopistas AP-2, AP-7, A-2, A-7, A-14, A-22, A-26, A-27
Opiniones cualificadas
Por ello tal y como explica Teólifo de Luis, ex diputado por el PP en el Congreso durante ocho legislaturas y actualmente presidente de la Alianza por la Seguridad Vial, «una medida así debería aplicarse de forma homogénea en todo el territorio nacional sin distinción por Comunidades Autónomas, debe ser una media única para evitar agravios comparativos».
Por su parte, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), va un paso más allá al explicar que estos peajes suponen «un riesgo para la seguridad vial, pues van a obligar a los conductores con menos recursos a circular por carreteras nacionales» a la vez que son profundamente injustos si no se logran «igualarlos entre toda España», pues caeríamos de nuevo en diferencias impositivas por comunidades.
De acuerdo con el Gobierno el dinero recaudado de los peajes irá destinado a sufragar el déficit de mantenimiento de la red nacional de carreteras, que actualmente se cifra en más de 12.000 euros, lo que Mario Arnaldo matiza al decir que «deberían asegurar que la recaudación de este dinero se destina precisamente a esto y no a otros menesteres».