Quien tiene un amigo, tiene un tesoro

En el Congreso de los Diputados hemos visto una escena inimaginable en ningún Parlamento del mundo: ni democrático, ni cámara de paripé en apoyo de una dictadura. En ninguno. Me estoy refiriendo al cerrado aplauso que el diputado Alberto Rodríguez Rodríguez, «el Rasta», recibió de la mayoría que sustenta al Gobierno cuando contestó en la Cámara a su condena de inhabilitación. Que alguien me diga en qué Parlamento del planeta se aplaudiría desde el Gobierno a un diputado condenado por agredir a sus fuerzas del orden. Un solo ejemplo, por favor, y me rindo.

Con amigos así, el Rasta Rodríguez tiene el mejor de los tesoros. Porque la defensa verbal que hizo ante el pleno de la Cámara, se extendió ayer a la Mesa del Congreso donde toda la izquierda apoyó que Rodríguez no pierda su acta de diputado pese a haber sido condenado por patear a un policía. Hacer eso en España apenas tiene consecuencias.

Como se recordará, el Rasta Rodríguez sufrió una condena por parte del Tribunal Supremo de un mes y medio de prisión, que conlleva su inhabilitación como parlamentario. Esto fue lo que el letrado mayor de la Cámara cuestionó en su informe: si al sustituir la privación de libertad por una multa, también pierde efecto la inhabilitación parlamentaria. Y la conclusión del letrado es que sí, que casualmente es la misma conclusión que deseaba este Gobierno, único en el mundo, que desea que quien agreda a un policía no tenga consecuencias relevantes por hacerlo.

El Supremo se basó en la pena tipo que se prevé para el delito de atentado  que no es precisamente una agresión menor. Al apreciar la concurrencia de una atenuante muy cualificada de dilación indebida –que nadie explica por qué se dio– se aplicó una rebaja de la pena en dos grados y es por esa vía por la que se llega a una pena final de un mes y quince días de prisión a la que hay que sumar la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Como explican los juristas con conocimientos en la materia a los legos como servidor de ustedes, en aplicación del artículo 71.2 del Código Penal, la condena firme privativa de libertad será sustituida por una multa cuyo cálculo se obtiene en función del número de días a los que se ha condenado, a seis euros por día. La mejor prueba de que esta no es una condena diferente radica en que, si tal multa no fuera satisfecha, la privación de libertad volvería a operar.

O, dicho de otra manera, si fuera la multa la verdadera naturaleza de la pena, no hubiera llevado aparejada la accesoria de inhabilitación especial en la que el Tribunal Supremo insistió en su escrito de aclaración de la sentencia.

Lo que está claro es que en España ya no obedece al Tribunal Supremo ni el Congreso de los Diputados. Nunca antes en los últimos años vimos un choque igual entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En los últimos tiempos el Poder Judicial ha sido el que con más eficacia ha frenado el desvarío de la actual mayoría gobernante, que se cree legitimada para arrasar con nuestras instituciones. Ayer vimos en la Mesa del Congreso de los diputados un ejemplo más de este disparate. Y la mayoría de izquierda en la Mesa se comió a los tres diputados que mantuvieron la dignidad de la Cámara: Ana Pastor, Ignacio Gil Lázaro y Adolfo Suárez. Esa dignidad de la Cámara importa una higa a la actual mayoría.