Pactos de la Moncloa

El 27 de enero de 1981, cuando España se disponía a desarrollar el Estado de las Autonomías, la Academia de Ciencias Morales y Políticas solicitó a uno de sus miembros, el profesor Enrique Fuentes Quintana, su diagnóstico acerca de la capacidad económica del país para abordar la creación de ese nuevo modelo. España, como el resto de Occidente, atravesaba una larga crisis con graves consecuencias políticas y sociales.

«La política económica que el país necesita y está demandando –decía el muñidor de los Pactos de la Moncloa– no puede ni debe apreciarse en términos estrictamente económicos, porque no se trata de conseguir más o menos desarrollo (…). Se trata de algo diferente: de devolver a la sociedad, con la elaboración de una política económica eficiente, la creencia de que los partidos, las fuerzas e instituciones democráticas, se ocupan de sus problemas y les dan respuestas capaces de mejorar paulatinamente la situación a través de decisiones adoptadas sin demora y de programas bien articulados, ejecutados sin dilación. En definitiva, la importancia política de la economía deriva de la necesidad de resolver los problemas que esta plantea para ganar más legitimidad popular a nuestra naciente democracia».

Tras dejar sentado que la gestión eficiente de la economía resultaba vital para asentar el nuevo modelo político, Fuentes Quintana reclamaba la necesidad de hacer un retrato realista de la situación, haciendo partícipe de él a todos los ciudadanos. Por último, recomendaba vivamente a sus sucesores huir de particularismos o respuestas defensivas a la hora de diseñar las soluciones, puesto que, además de injustas, serían ineficaces.

La gestión de la economía acarrea consecuencias políticas, muchas veces indeseables. Si Zapatero no hubiera negado la existencia de una crisis económica gravísima en 2008, posiblemente sus efectos no hubieran sido tan desgarradores. Quién sabe si hubiéramos evitado aquel 15-M, que fue la rampa de lanzamiento a la vida institucional del populismo comunista. Si Mariano Rajoy y sus ministros no se hubieran conformado con evitar la catástrofe –que lo hicieron–, si hubieran explicado hasta la extenuación a los ciudadanos el porqué de sus políticas y de los sacrificios que acarreaban, si hubieran abordado las profundas reformas estructurales que el país le demandó en las urnas, quizá Pablo Iglesias y Podemos no hubieran llegado nunca al Gobierno.

Hoy, en los días inciertos y trágicos que vivimos, vuelven a sobrar los particularismos contra los que alertaba el exministro. Inspirados probablemente por algún spin doctor sin escrúpulos, los corifeos mediáticos del Gobierno ya han bautizado a Pedro Sánchez como el hacedor de los nuevos pactos de la Moncloa y comparan a Nadia Calviño con Fuentes Quintana sólo por haber convocado a los grupos parlamentarios a negociar una respuesta de política económica a la guerra. Harían bien el presidente y su vicepresidenta en releer las lecciones del que fue su antecesor.

La incertidumbre es enemiga acérrima de los negocios, retrae el consumo y la inversión. Y se echa de menos un diagnóstico sincero, realista, en varios escenarios de evolución, de la situación a la que nos enfrentamos. Una evolución que la opinión pública tiene el derecho a conocer. También el deber, puesto que todos y cada uno de nosotros somos, en nuestro día a día, agentes económicos. Es al Gobierno y no a sus adversarios políticos al que corresponde diseñar un plan de acción y negociarlo. Será entonces cuando pueda reclamar un pacto a la oposición. Aunque no cualquier acuerdo es bueno, el acuerdo en sí tiene efectos benéficos. Habremos ganado todos (o casi todos) porque se repartirán costes y beneficios y redundará en legitimidad de las instituciones y de quienes las encarnan, como bien advertía Fuentes Quintana.

A la postre, se trata de demostrar a los ciudadanos que el mejor régimen, el más eficiente para sus intereses, no es el del partido único de China o Rusia, sino la democracia por la que se está dejando la vida Ucrania.