Hacia el segundo golpe de Estado

A la norma que reduce la sedición, la acompañará la norma que deja en nada la malversación. Después de eso, un golpe de Estado será, en España, un acto humanitario. Y robar para el partido propio será deber moral de los padres de la patria. De paso, aplicado el criterio jurídico que exige que, en caso de reforma penal, a los reos se les aplique el criterio más favorable, ni Puigdemont, ni Junqueras, ni sus cómplices en el golpe de 2017 habrán cometido delito alguno.

No es un indulto, como algunos ingenuamente dicen. Es muchísimo más. Porque el indulto es un perdón compasivo, que mantiene el delito y sus penas accesorias. La supresión retroactiva hace, por el contrario, que nada de lo hecho cargue con consecuencia punible. De ningún tipo. Y los golpistas de entonces no lo habrán sido nunca. Podrán, pues, no sólo salir a la calle, como cualquier indultado; podrán ejercer la plenitud de sus derechos políticos. Y a Junqueras, sólo Puigdemont le disputará la presidencia catalana. El próximo golpe de Estado será una fiesta.

La Constitución española de 1978 veta las amnistías. La intención era clara: trazar una frontera histórica, una raya infranqueable entre antes y después. En ausencia de Constitución, los delitos políticos que hubieran podido ser cometidos por cualquier bando –cualquier banda– quedaban borrados por la última amnistía general: la del 15 de octubre de 1977. A partir de ese punto –y, a partir, sobre todo, de su blindaje en la Constitución del año siguiente–, se entraba en la normalidad de una democracia europea.

Y esa normalidad exige que los delitos políticos –y los delitos de cualquier tipo que cometan los políticos– sean penados exactamente igual que los de cualquier otro ciudadano. Y que los condenados por ellos paguen exactamente en la misma medida que cualquier otro delincuente. Porque un forajido político podrá moralmente generar, en unos compasión, en otros odio; pero, ante la ley, debe siempre ser indistinguible de los demás malhechores. Sin esa igualdad jurídica, no es que no exista democracia, es que no existe el fundamento garantista sobre el cual se asienta un Estado moderno.

Claro que a toda norma constitucional puede un Gobierno con no demasiada vergüenza contraponer una trampa. La de esta vez es sencilla. Nunca persiguieron los independentistas catalanes el indulto como salida definitiva: el indulto les permitía retomar sus vidas privadas, pero restringía las públicas. Junqueras y Puigdemont exigían salir de estos años como héroes de la «pequeña patria» catalana. Y eso, puede que ni siquiera una convencional amnistía se lo garantizara: porque en la amnistía hay siempre un componente de perdón, que a los héroes nacionalistas se les hace desagradable: ¿por qué los pigmeos de una raza inferior habrían de perdonar a los gigantes de la raza supremacista?

La salida que el Dr. Sánchez gestiona es la perfecta: reformado adecuadamente el Código Penal, el delito de 2017 no habrá existido nunca. Y el nuevo golpe de Estado se pondrá en marcha. Esta vez, gratis.