¿Qué tiene que ocurrir para que alguien reaccione?

Se nos agotan los términos con los que explicar, con los que describir la gravedad de lo que ocurre. El asalto diario a nuestras instituciones, el deseo de acabar con todos los signos de identidad de nuestra cultura, de la sociedad española y de la democracia. La última estrategia del PSOE ha sido el choque con Vox como forma para liderar a toda la izquierda. La semana pasada, el ataque a Carla Toscano fue a consecuencia de una disputa entre la parlamentaria de Vox y la ministra Irene Montero, lo que daba protagonismo a la ministra de Igualdad. Pero de lo que se trata ahora es de que debe ser el PSOE quien se lleve el protagonismo y el mérito del incidente.

Así que el martes, en un paso atrás con un único precedente desde la restauración de la democracia, se quitó la palabra a la diputada Patricia Rueda, también de Vox, por llamar «filoterroristas» a los socios del Gobierno de EHBildu. Lo hizo el vicepresidente de la cámara que ocupaba la Presidencia. Moraleja: en estas cosas no se puede decir la verdad. Supongo que tampoco se puede recordar que el año pasado, el jefe de los etarras, Arnaldo Otegui, declaraba que había que apoyar los presupuestos para sacar de la cárcel a sus compañeros de ETA. Como no lo dijo en el Parlamento, la Presidencia de la Cámara no puede obligarle a retirar sus palabras. Que son tan verdad como las de Rueda.

Esto ya viene de largo porque recordemos el precedente de que cuando Cayetana Álvarez de Toledo recordó la filiación terrorista de Pablo Iglesias, pues su padre fue un miembro del grupo terrorista FRAP, se retiró la alusión del diario de sesiones. Y Álvarez de Toledo ha emprendido un proceso legal para que se restaure la verdad en ese diario de sesiones. Empeño realizado con el apoyo de amigos, porque el PP –ya en tiempos de Casado– no quiso participar.

Acabar con la libertad de expresión en la tribuna del Congreso de los Diputados es muy grave. Pero en realidad sólo es grave para algunos. Lo que todavía es más grave. Porque cuando desde la izquierda se acusa a liberales, democristianos y conservadores de ser fascistas, no parece que a Meritxell Batet se le yerga la ceja. Sólo falta que un día obliguen a un diputado a retirar del diario de sesiones el haber dicho que un miembro de la coalición gubernamental es comunista. Y no se crean que eso no podría ocurrir. A mí me llegó a poner una demanda Enrique Santiago cuando era el representante de la narcoguerrilla de las FARC colombianas en las conversaciones de La Habana. En su denuncia Santiago se quejaba, entre otras cosas, de que lo llamaba comunista en mi texto. En esa época él era militante comunista. Hoy es el secretario general del Partido Comunista de España.

En esta degeneración de nuestra democracia en la que ya no hay igualdad de condiciones para todos nuestros diputados en las Cortes; en este momento en que el Gobierno procede avasalladoramente a desmantelar el equilibrio democrático pactado en la Transición para tomar todo el poder porque creen que sólo ellos tienen derecho a ese poder; en esta circunstancia en que ya no se quiere defender la unidad de España ni mucho menos sancionar a quien atente contra ella, hay que preguntarse qué es lo que tiene que ocurrir para que aquí haya un clamor popular. Porque la gravedad de lo que está ocurriendo es inmensa.

Los cambios de fondo que se está haciendo a nuestro marco institucional son de la misma gravedad que los que se perpetraron en 1931. Todavía, gracias a Dios, no ha habido derramamiento de sangre. Pero cuando uno ve cómo se están rompiendo las reglas de juego, cómo la izquierda quiere imponer unilateralmente su modelo de sociedad, uno comprende cuáles fueron las circunstancias que llevaron al 18 de julio de 1936. Y eso es algo que no debe volver a ocurrir. Jamás. Pero parece que algunos quieren provocarlo.