Indúltenla, que la mangui es separatista

Los diez apellidos más comunes en Cataluña, la región del pueblo superior de los separatistas, ese que no puede permanecer un minuto más sufriendo en España, son los siguientes: el primero es García y le siguen Martínez, López, Sánchez, Rodríguez Fernández, Pérez, Gómez, Ruiz y Martín. ¡Qué horror, pura charnegada! Ni un solo apellido identitario.

Pero el problema es todavía más grave. Si extendemos la relación hasta los veinte más usuales en la comunidad, resulta que todo sigue siendo un puro monopolio de la españolada: ni un solo apellido de origen catalán. En cambio, ese panorama cambia por completo si nos vamos al Gobierno autonómico. Entre sus quince miembros aparecen al instante los Nadal, Mas, Serret, Balcells, Ubasart, Torrent, Vilagrá, Vergé, Jordá, mientras que la realidad callejera de los López y los Martínez se encuentra claramente infrarrepresentada. El presidente del gabinete, que tiene la desgracia de apellidarse Aragonés García, intenta disimular tan contaminado origen plantándole un acento invertido a su Aragonès y haciéndose llamar «i Garcia». Ridículo. Pero así funcionan.

Solo en una región con tal estado mental se entiende que una política manifiestamente corrupta como Laura Borràs i Castanyer –esta sí que es pata negra– tenga la jeta de envolverse en la bandera separatista al ser condenada por chorizar desde una institución cultural 260.000 euros del erario público para regalárselos a un amigote (sobre el que, para más señas, pesa además una condena de cinco años por tráfico de drogas). Y solo en Cataluña, donde se ha extraviado hace tiempo la brújula del sentido común, podía suceder que el Tribunal Superior catalán, tras condenar a la rampante prevaricadora Borràs a cuatro años y medio de trena, se apiade de ella y recomiende en la sentencia indultarla parcialmente para que evite la cárcel.

Borràs i Castanyer, de 52 años, una filóloga de buena familia, dirigió entre 2013 y 2018 el Instituto de las Letras Catalanas. Allí troceaba contratos y fingía concursos públicos que no existían para darle la pasta a su amigo Isaías Herrero, un informático. En el juicio llegaron a mostrarse los correos electrónicos donde Borràs i Castanyer, del partido de Puigdemont y hasta hace poco presidenta del Parlament, instruía a su amiguete sobre cómo podía engañar a la Intervención. Mediante tales tropelías le regaló a su compinche 260.000 euros de dinero público. El caso fue tan claro que en la vista todos los testigos reconocieron los hechos con una rara unanimidad.

Por supuesto Borràs i Castanyer, condenada también a 13 años de inhabilitación, ha reaccionado defendiendo su enorme «honestidad», hablando de «juicio político» y acusando al tribunal de «trabajar para defender la unidad de España». Entra dentro de lo previsible que una fanática de la causa esgrima tales excusas. Lo que resulta inaudito es que el Tribunal Superior regional recomiende su indulto parcial. Esa decisión acobardada de los magistrados prueba que están mediatizados por la insufrible presión que ejerce en Cataluña el poder separatista (y por la deriva del sanchismo a favor de unos socios a los que les debe la Moncloa).

Maravillosa esta frase de Aragonés García tras la sentencia: «Nadie desea que personas de esta relevancia en nuestro país acaben ingresando en la cárcel». Si eres un delincuente, pero ostentas un cargo en el poder independentista, barra libre. ¡Ole! Puro estado de derecho. Estupenda también esta valoración de la prensa sanchista: «Los jueces entienden que dicha condena [a Borràs] puede provocar un perjuicio mayor del que buscan resarcir, de ahí que opten por el indulto parcial», nos explican didácticamente en el El País, ahora leal masajeador de los separatistas.

Es decir: si el mangui es un hooligan independentista hay que indultarlo, no vaya a ser que molestemos a una gente tan importante… Un delirio de república bananera. España está perdiendo su anclaje institucional mientras nos echamos la siesta.