Lo que Sánchez susurra a los tertulianos

Hay que tener amigos o conocidos hasta en el infierno. Y en el Averno, con capital en Waterloo y en Ajuria Enea, se ha escrito un relato que ha comprado Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, y que uno de los dos partidos de Estado ha dado por bueno. Esta es la falaz narrativa que un prófugo de la justicia y su socio, el presidente en funciones, cuentan al oído del orfeón periodístico para que justifiquen en las tertulias el chantaje y para regalarle una amnistía a cambio de sus siete preciados votos en el Congreso.

«En España hay siete millones de separatistas, entre vascos y catalanes, a los que hay que asimilar y la única manera de hacerlo es cediendo competencias y reconociendo su quimera nacional, basada en el engendro jurídico que Urkullu detalló hace unos días y que establece el supremacismo de las llamadas comunidades históricas. El primero en intentarlo fue Zapatero con el Estatuto catalán de 2006 que tumbó el Tribunal Constitucional, gracias a un recurso del PP, lo que acabó con el único intento serio de apaciguar el monstruo separatista y satisfacer sus pretensiones a cambio de 'tener la fiesta en paz'. El Constitucional no hizo lo mismo con el Estatuto valenciano que también incluía aspiraciones maximalistas. El Estado retorció el Código Penal para encarcelar a los líderes del procés. Hasta el Supremo tuvo que renunciar a la rebelión porque no había justificación legal para perseguir a los líderes separatistas. Puigdemont no se escapó en el maletero de un coche ni es un huido de la justicia, sino que se marchó de España cuando no había sobre él causa alguna, y por tanto no había ninguna orden de detención. La culpa de que se produjeran los graves hechos del 1 de octubre de 2017 fue de Mariano Rajoy, que pudo acceder a las pretensiones de la antigua Convergencia sobre un pacto fiscal, parecido al del País Vasco, y al no hacerlo disparó el sentimiento soberanista. Cuando activó el artículo 155 de la Constitución lo hizo tarde y mal porque con solo haber escuchado a Íñigo Urkullu que actuaba de intermediario y haber pedido a Puigdemont que convocara elecciones, este lo hubiera hecho sin declarar la DUI. La investigación del Tribunal de Cuentas sobre la que se basa la imputación del delito de malversación contra el huido es insostenible porque un Gobierno autonómico tiene derecho a emplear el dinero público en las políticas que considere, incluidas las identitarias y en 'embajadas', que también tienen otras comunidades como la madrileña. O se alivia penalmente al separatismo, con una amnistía que borre sus delitos, o habrá otra intentona de golpe en poco tiempo».

Este es el relato que Moncloa ha redactado, con el que intoxica las televisiones y a los periodistas afines, que llega todas las mañanas a los hogares españoles, gracias al monopolio de la izquierda sobre la caja tonta. Y este es el argumento político que le va a consagrar en el poder, mientras al otro lado del río no haya un partido fuerte, unido y cohesionado que le diga a los ciudadanos que las cesiones son, primero, una inmoralidad, y, después, el camino más corto para que los partidos que quieren destruir España la desarmen, esquilmen y aniquilen con el consentimiento de los que prometieron defenderla.

Conviene saber a qué nos enfrentamos. Y Sánchez tiene trabajando día y noche a 800 asesores para construir una gran falacia –a la que le ha puesto letra el lehendakari–, que escuchamos de buena mañana en las teles y radios del régimen, cuyos voceros tienen sus nóminas y medios pendientes de la ayuda monclovita; sin ella, tendrían que cerrar sus chiringuitos subvencionados.

Esta es la mentira que se cargará el régimen del 78 si no hay cambio en Moncloa.