La nuca de Abascal

El Estado de Derecho existe, pero no en toda España. Sánchez ya lo ha derogado en algunos territorios, allí donde la legislación vigente realmente no está vigente, donde sus dirigentes campan a sus anchas y no cumplen con la ley. Por ejemplo, en Cataluña, donde las sentencias del Supremo sobre las clases en castellano son hojas volanderas que las autoridades de esa comunidad usan para sonarse los mocos, como con la bandera de España. En el País Vasco, la ley de víctimas es papel mojado con todos los chiquitos que se toman los etarras cuando son recibidos como héroes en sus localidades natales. En ambos ejemplos de anomalías democráticas, la autoridad que debería defender las normas es la que mira para otro lado mientras se vulnera la Constitución. No es aventurado pensar, además, que incluso alienta su incumplimiento mientras cuenta con los dedos los votos soberanistas que obtiene a cambio de silbar mirando al techo, que puede tocarlo con la mano.

Hay leyes de primera y leyes de segunda: las que discriminan el castellano son instrumentos de defensa de la libertad de los pueblos oprimidos, esas son de primera; pero las que protegen el acervo de nuestro idioma común, son legislación franquista y represiva. Hay víctimas de primera y de segunda: a las que ETA arrancó al padre, marido o hermana son vestigios del pasado; pero a las que injustamente asesinaron por la Guerra Civil, esas son víctimas que requieren un compromiso moral de una sociedad moderna. Hay feminismo de primera y de segunda: el que practican las podemitas es la expresión de los valores de igualdad; mas el que reivindican las víctimas de los violadores beneficiados por la ley del 'solo sí es sí', son manipulaciones políticas de los fachas. Y en esta España de pluralismo tan singular también hay nucas y nucas. Si a alguien se le ocurriera excretar un vomitivo cartel de fiestas, en Bilbao, en Don Benito o en Torrelavega, con la imagen de Irene Montero o Pedro Sánchez ensangrentadas simulando la descerrajadura de un tiro en sus cabezas, inmediatamente hubiera sido convocada la Comisión contra los delitos de odio y activada la Fiscalía Anticorrupción para presentar una querella. Pero la nuca es de Santiago Abascal, cuya integridad moral y cuyos derechos juegan en otra Liga. Y es que la degradación moral es tal que el conglomerado de partidos que acompaña al PSOE, tan hipócrita como vil, no tiene a bien ni siquiera condenar tan repugnante póster.

Con la excepción del PP, que ha considerado «intolerable» el hecho, Vox solito ha tenido que presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional, donde se estudia lo que podría ser claramente un delito de amenazas, odio y enaltecimiento y apología del terrorismo. De entrada, se tendría que haber suspendido el evento, y después identificar de forma inmediata a los convocantes de la pachanga para dilucidar su implicación en los hechos. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias ante el silencio clamoroso de la Fiscalía, que también ahora ha respondido meridianamente a la pregunta de Sánchez: ¿De quién depende? Pues eso.

Pero resulta que las nucas son protegibles depende de a quien pertenezcan. La de Josu Ternera, al que tanto gustaba destrozar las del prójimo, merece hasta documentales apologéticos en el Festival de San Sebastián, a cargo de Évole, pero la de una persona como Abascal que, además de representar a tres millones de españoles, vivió en su familia el acoso, las amenazas y el terrorismo de ETA, está abierta a cualquier ofensa criminal y al animus iocandi de repugnantes artistas. No es la primera vez: ya en la universidad pública valenciana aparecieron misteriosamente carteles sobre «su condición machista», por no hablar del vídeo de la tal 'Pam' con aquel «qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar», que cruzó todas las líneas rojas. Entonces, la izquierda dijo que el líder de Vox «teatralizaba» con sus quejas.

Que ocurra esto demuestra que nuestra democracia es de baja calidad, a la altura de la bajeza moral de quienes ordenaron pintar el cartel, quienes lo ejecutaron, aquellos que no lo fiscalizan y los que lo justifican con su culposo silencio.