Los expertos (en derribos) de Yoli

Este Gobierno tiene una dilatada experiencia en comités técnicos (especializados en derribos constitucionales). Siempre dice tener un experto detrás de cada disparate que comete. Tiene un observatorio contra la violencia machista que observar, observará mucho, pero todo lo que ve (aunque no quiere verlo) es un aumento exponencial del maltrato, sin que 573 millones de presupuesto del Ministerio de Igualdad haya servido para evitar ni un caso. Luego está el famoso comité técnico que, según Illa y el añorado doctor Simón, les asesoraba para decidir la desescalada en autonomías y provincias durante la remisión de la pandemia. El propio Ejecutivo tuvo que reconocerle al Defensor del Pueblo en una respuesta oficial que el tal sanedrín no existía. O sea, que era otra mentira más de la factoría sanchista, tan ducha en trolas varias. La más gorda, el número de muertos por la Covid, cifra que todavía es un arcano. Probablemente más del doble de los 121.852 fallecidos reconocidos por el Ministerio de Sanidad. Y seguimos sin saber qué científicos avalaron tal aberrante gestión.

Fernando Simón se negó siempre a revelar la identidad del equipo de especialistas a los que aludía el presidente del Gobierno cada vez que era acorralado por sus discutibles decisiones sanitarias. Ya sabemos que cuando un tonto se agarra a una reja, o la arranca o no la deja, y ahora la líder de Sumar, Yolanda Díaz, más preocupada por atender las demandas de Puigdemont que por reducir las cifras del paro, ha puesto en marcha otro comité inventado para que preparen un puente de plata a Puchi que le invite a franquear la investidura de Pedro Sánchez. Se juega mucho la comunista que viste de Prada: si el forajido no sube el pulgar, Yoli se ve sin sueldo, despacho, chófer y planchándose la ropa y el pelo los lunes al sol.

Preguntada sobre la identidad de ese equipo de lujo la abeja maya no suelta prenda, como ha contado El Debate. Solo sabemos que ese enigmático faro del conocimiento está formado por veinte expertos en Derecho (de pernada para Puigdemont), que elaborarán una propuesta para satisfacer la gran demanda de los soberanistas que desbloquee la investidura de Sánchez: una amnistía para todos los implicados el 1-O que, de paso, limpie el certificado de penales de la procesada por corrupción Laura Borrás. Trabajo tienen los ignotos especialistas.

Pagado por la Vicepresidencia del Gobierno, es decir, por todos nosotros, Jaume Asens comanda a los llamados juristas que harán de la necesidad de la izquierda, virtud para el fugado de Waterloo. Estoy convencida de que esa reunión de «hombres justos» cuenta también con otro elemento yolandista, Enrique Santiago, el comunista que susurra al oído de Superyol y que tanto sabe de marcos jurídicos bolivarianos a mayor gloria de delincuentes políticos. Y aunque la líder de Sumar se niegue a desvelar los nombres, me apuesto un colín a que lo capitanea Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional (pobre Constitución) en la Universidad de Sevilla, que ha encontrado su último minuto de gloria en los medios comentando todo lo habido y por haber: bien sea lo de Rubiales y su repugnante beso, lo de Feijóo y su investidura el próximo 26 de septiembre o ahora desbrozando el camino para la «desjudicialización» del «problema catalán». Su gran aportación al Derecho español fue hace una semana que la ley de amnistía «es perfectamente posible porque no hay un artículo de la Constitución que lo impida». Es decir, todo aquello que la Carta Magna no prohíbe expresamente, está permitido; o sea, la esclavitud tiene encaje constitucional, según el criterio de este jurista que tiene en su acervo intelectual defender que es más peligroso para España Vox que el partido heredero de ETA.

Me permito sugerirle al rollo de Pérez (Royo), viejo amigo de Felipe, Chaves y Griñán, que se lea el artículo 62 y el 14 de la Constitución que prohíben indultos generales y consagran la igualdad ante la ley entre españoles. Pero solo si puede, eh, que pontificar barbaridades en las teles estresa.