¿Es Sánchez un candidato aceptable?

Telefoneo a mi madre. Allá está, a sus dicharacheros 85 años, en su torre de control de La Coruña, atenta a las aflicciones de la patria con una buena panzada de radio y tele. Le pregunto qué se ha hecho para comer. «Zorza», responde (es decir, carne de cerdo adobada con pimentón y acompañada de un carro de patatas fritas). Una bombita para una era donde nos quieren redimir a golpe de brócoli, kale y quinoa. Ella matiza presto: «Bueno, ya sabes que yo alterno mucho comiendo. Esto no lo tomo casi nunca...».

Pero realmente de lo que le gusta hablar es de política. Así que enseguida me hace un repaso general con sus opiniones de analista libérrima y sui géneris. Observaciones de esta guisa:

-«Pedro ya lo tiene hecho, está visto. Pero que no se crea tan listo, eh, que cuando se separen todos esos de España ya no le van a salir nunca más las cuentas para ser presidente».

-«Ay, el pobriño de Pedro es insoportable, no hay quien lo aguante. ¡Cómo se reía el otro día cuando sacó a aquel macarra a hablar en su lugar en el debate! Qué gente. No sé como todavía les puede votar alguien».

-«El Rey tiene que estar morado. Si hace algo, esos se lo comen y se le acabó. Pero si no hace nada, mucha gente también va a decir: si no actúa cuando hay un problema como este, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, a ver qué pasa…».

Cuando cuelgo me quedo pensado en si realmente Sánchez es un candidato apto para investidura. De entrada, no ganó las elecciones, quedó de segundo, a 55 escaños de la mayoría absoluta. Pero si logra acreditar ante el Rey que cuenta con los suficientes apoyos parlamentarios para alcanzar los 176 tiene todo el derecho a presentarse a la investidura.

Sin embargo, aparece un primer problema. A día de hoy, al Rey no le consta oficialmente que Junts, ERC, Bildu y BNG, que suman 21 escaños vitales para el PSOE, estén dispuestos a apoyar a Sánchez, pues se han negado a cumplir el precepto constitucional de despachar con él, establecido clarísimamente en el artículo 99 de la Constitución: «El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia». Esa preceptiva consulta no existe en el caso de cuatro partidos sin los que la candidatura de Sánchez se torna inviable.

Esta semana ha surgido además un segundo problema que cuestiona la idoneidad de Sánchez. El viernes, el Parlamento catalán aprobó una declaración por la que ERC y Junts establecen como condición para apoyar a Sánchez que apruebe una amnistía a favor de todos los golpistas de 2017 y que se comprometa a «trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum». Estamos ante una declaración formal. No es ya una bravata ante un micrófono. Estamos ante un ultimátum aprobado en un Parlamento regional español, cuya legitimidad emana de la Constitución. Insólitamente, el presidente del Gobierno en funciones no se ha dignado a aclarar a los españoles si rechaza esas exigencias, no dice ni pío, mientras que su nuevo y locuaz mamporrero, Óscar Puente, ya reconoció ayer con todas las letras que el PSOE negocia una «amnistía».

Tanto la amnistía como la consulta independentista son manifiestamente anticonstitucionales (el socialista Page decía ayer mismo que el TC tiene que «suspender la amnistía antes de que entre en vigor»). Pero resulta que sin cumplir esos requisitos de sus aliados separatistas –a los que él ridículamente llama «progresistas»–, Sánchez no tiene posibilidad alguna, su candidatura se torna inviable.

Y todavía existe un tercer problema: la Constitución reza expresamente en su artículo 62 i que el Rey no podrá autorizar «indultos generales», porque no son conformes a la ley, y una amnistía es todavía mucho peor, va más allá.

Imagino que Sánchez será propuesto para la investidura, a fin de evitar la escandalera que montaría la izquierda ante la opción contraria. Pero existen argumentos razonables para defender que no es un candidato aceptable. Se va a presentar ante el Rey, que según nuestra Constitución es el «símbolo de la unidad y permanencia» de la nación española y el árbitro y moderador del «funcionamiento regular de las instituciones», viniéndole a decir más o menos lo siguiente: «Señor, me propongo ser presidente con una coalición progresista. Me faltan 55 diputados, cierto. Pero los tengo garantizados con el apoyo de Junts y ERC, que solo me piden una amnistía para todos los delitos que usted y yo denunciamos y combatimos en 2017 y que les vaya preparando ya un referéndum de independencia. Como ve, una maravilla, todo estrictamente constitucional».

Y así anda España por la escapada infinita de un aventurero de la política al que nadie acierta a pararle los pies.