Ayuso y las residencias

La Audiencia Provincial de Madrid ha sobreseído la denuncia de una «marea» vinculada a la izquierda autóctona, que lleva décadas intentando asustar a los ciudadanos con el estado de la sanidad y los servicios públicos madrileños, con el éxito conocido por todos.

Lleva en la oposición desde antes de que el oso se arrimara al madroño y, al paso que va Sánchez, estará hasta que el cambio climático acabe con el planeta dentro de tres millones de años y la humanidad se regenere con un único socialista capaz de votarse a sí mismo.

Nada hay que objetar a que se chequee, con profundidad y sin excepciones, la gestión pública de la pandemia. La de cada presidente autonómico y, desde luego, la de Ayuso: las cifras de muertos y la hecatombe económica que provocó exigen una auditoría que, pasado el tiempo, analice las debilidades, los errores, las negligencias, los silencios y las decisiones que pudieron magnificar un drama de por sí ya inmenso.

El problema es que ese juicio solo se le ha intentado hacer a una persona. Y lo han pedido los mismos medios, partidos, dirigentes y organizaciones que se han negado a someter a ese test a quien más lo merecía: el Gobierno de España, y muy particularmente su presidente, Pedro Sánchez, su entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su ínclito portavoz, Fernando Simón.

Obviar la cadena de despropósitos cometidos por Sánchez, que esperó a tomar decisiones a que pasara la celebración del 8-M, contribuyó con ello a detonar una bomba biológica y le obligó a adoptar luego, ya tarde, las medidas más restrictivas de toda Europa; invalida a enjuiciar luego a Ayuso con una severidad que es estrictamente interesado.

No se trata de analizar si el Estado y la sociedad dedican los suficientes recursos a la atención de nuestros mayores, que es la clave de la calidad del servicio que reciben a cambio; sino de aprovechar el mismo horror que se le camufla al primer responsable para derribar a un adversario al que no se logra derrotar limpiamente en las urnas.

Los muertos en las residencias fueron un drama sobrecogedor; pero vender la idea de que pudieron salvarse de haber sido trasladados a unos hospitales vetados por una arpía convencida de que esas vidas no importaban, una grotesca manera de utilizar el dolor ajeno en la inhumana búsqueda de un rédito político.

Solo tiene derecho a mantener ese discurso quien sufriera en sus carnes una pérdida o quien lo mantenga en todo momento, exigiéndole a Sánchez las explicaciones que a estas alturas siguen pendientes: ni siquiera ha sido capaz de cerrar una estadística de fallecidos bajo su Presidencia, sin duda porque la mortalidad española es, como su hundimiento económico, de las peores del mundo.

Que el ladrón se dedique a juzgar al policía forma parte de la estrategia fundacional del sanchismo, que lo mismo acusa a Feijóo de amnistiador mientras se va a Suiza a amnistiar a Puigdemont a cambio de la Presidencia negada por las urnas que desata un Auto de Fe contra Ayuso mientras acumula cadáveres en el tanatorio.

Pero que en el viaje no se incluya, al menos, un análisis sosegado de las necesidades de la Sanidad en un mundo que vivirá más pandemias, de la asistencia geriátrica, con una pirámide poblacional envejecida, y de la rendición pública de cuentas, tras una crisis iniciada con el virus y muy lejos de terminar; solo es propio de un personaje como Sánchez y de una izquierda como la que le aúpa y acompaña.

Esa izquierda que se reserva más de mil policías para vigilar a los agricultores mientras se dan los Goya a sí mismos y viaja en Falcon a Valladolid mientras, a no tantos kilómetros, dos guardias civiles son asesinados por unos sinvergüenzas que se ríen de los muertos a bordo de sus flamantes narcolanchas imparables.