Un general al rescate de Valencia
Una revisión de la normativa electoral se me antoja imprescindible porque no podemos seguir mucho tiempo más con las listas cerradas y bloqueadas que nos están propiciando unos políticos de poca talla y preparación
La catástrofe sufrida por la Comunidad Valenciana hace unas semanas nos deja, a mi juicio, entre otras muchas consideraciones, dos importantes enseñanzas y conclusiones.
1.— La apuesta que en su día hicimos por el Estado Autonómico ha resultado fallida.
2.— Nuestra clase política en estos momentos no da la talla y así es muy difícil que un país pueda progresar con unos políticos carentes de competencia profesional y sin prestigio alguno. La situación se ha puesto de manifiesto de manera palmaria al tener que nombrar el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, Sr. Mazón, a un alto jefe de las Fuerzas Armadas en situación de retiro para dirigir las operaciones de recuperación y reconstrucción en ese territorio. El espectáculo ofrecido por las autoridades civiles, tanto a nivel autonómico como nacional ha dejado constancia de una manifiesta falta de capacidad y destreza política.
En cuanto se refiere al Estado autonómico es de todos conocido que los constituyentes quisieron —y yo como constituyente también— dar respuesta a las reclamaciones de los sectores nacionalistas vascos y catalanes a través de la fórmula autonómica pensando que así podríamos dejar resuelto un problema que veníamos arrastrando desde hace casi un siglo. Pues bien, la apuesta ha resultado de todo punto fallida. Los nacionalistas vascos y catalanes lejos de estar satisfechos con la solución entonces dada han venido utilizando la propia autonomía para hacer frente a España en todo momento, llegando a reclamar en su locura hasta la propia independencia y creando un sinfín de problemas a la gobernación y paz entre los españoles. Pero lo más lamentable es que al calor de las reclamaciones de los nacionalistas independentistas acabáramos dando vida entonces a un Estado autonómico generalizado con 17 gobiernos, 17 parlamentos y un sinfín de personajillos políticos que al calor del Estado autonómico están viviendo a las mil maravillas. Y claro, cuando las cosas se ponen serias de verdad, como ha ocurrido en Valencia, los políticos incapaces de encarar la situación terminan pidiendo amparo a altos mandos de las Fuerzas Armadas para que les salven y les saquen del atolladero en que se encuentran. Estos últimos días hemos podido comprobar en Valencia como los políticos discutían sobre quien era la autoridad competente para hacerse cargo de la situación, si el Gobierno Central o el Gobierno Autonómico mientras morían cientos de personas y se derrumbaban casas y negocios ante la desesperación del noble pueblo valenciano. Un verdadero escándalo a ojos de todo el país.
Y ahí reside la segunda enseñanza de esta lamentable crisis que estamos viviendo. Tenemos una clase política que no está a la altura del nivel general que exige un país como el nuestro, donde en otros muchos sectores de la vida nacional contamos con muy destacados personajes técnicos y profesionales que dan la talla más que sobrada y dejan a los políticos a la altura del betún. Convengamos, pues, que no podemos funcionar y progresar con unos dirigentes políticos que no pasarían las pruebas de selección de cualquiera de las principales empresas de nuestro país. Tenemos así unos políticos —amparados en las listas cerradas y bloqueadas que impone nuestro sistema electoral— expertos en adular a sus jefes, zascandilear en las sedes de sus partidos para medrar y que votan mansamente en los distintos parlamentos lo que les dicen sus jefes sin saber las más de las veces nada de lo que tienen entre manos.
Hemos llegado a ver en algunas ocasiones en altos puestos de responsabilidad del Estado a personas cuyo mayor mérito había sido ocupar un puesto de cajera en un Supermercado y a veces hasta un presidente de alguna autonomía que exhibía en su currículum como acreditación el haber realizado estudios en Protocolo y Organización de Eventos. Claro, luego viene la riada y cada dirigente político trata de echar la culpa a cualquier otro, sin que nadie quiera en realidad hacerse responsable de la situación. Y lo grave y angustioso es que necesitamos a los políticos, necesitamos a gobernantes capaces y no nos podemos permitir el lujo de quedarnos simplemente poniéndolos de vuelta y media. El problema que tiene España con su clase política es quizás el problema número uno que debemos abordar con urgencia y sin más dilaciones. Por supuesto que existen todavía algunas minorías valiosas en algunos de nuestros partidos que no hacen más que ratificar que las excepciones confirman la regla.
En definitiva, lo primero que debemos hacer en ambos casos es reconocer la realidad y no seguir enmascarándola. Así pues, no es de recibo que buena parte de la clase política siga manifestando que la historia de las Autonomías es una historia de éxitos como se afanan en propagar algunos. El Estado Autonómico ha dado ya pruebas suficientes de ser un Estado innecesariamente complejo, ineficiente y despilfarrador que no ha hecho más que causarnos problemas y que solo ha beneficiado a la legión de políticos que viven al amparo del mismo. Si con las Autonomías hubiéramos resuelto la cuestión vasca y catalana, pues quizás hubiera merecido la pena, pero lo que hemos hecho es crearnos un nuevo problema que no teníamos ni lo necesitábamos. Si ya es difícil hoy que haya un gobierno competente que dirija los destinos de la Nación, no digamos nada de lo difícil que resulta poner en marcha 17 gobiernos autonómicos a la altura de las responsabilidades que ostentan.
En cuanto al problema de contar con una clase política como requieren las circunstancias y retos de la hora presente debemos reconocer que algo habrá que hacer con carácter urgente. Una revisión de la normativa electoral se me antoja imprescindible porque no podemos seguir mucho tiempo más con las listas cerradas y bloqueadas que nos están propiciando unos políticos de poca talla y preparación. Incluso cabría pensar en algún método de control y verificación de aquellos candidatos llamados a ocupar puestos de responsabilidad a nivel nacional y autonómico para impedir que accedan a estas posiciones personas sin la debida capacidad para el ejercicio del cargo que pretenden ocupar.
Atención pues. Cada vez queda menos tiempo para rectificar. Los ciudadanos en las calles de nuestro país atestiguan un malestar que crece por momentos. No hagamos como en el Titanic que siguió sonando la música mientras el barco se hundía. Y no olvidemos tampoco lo que el propio San Lucas refiere en su Evangelio:
«Y entonces llegó el diluvio y acabó con todos» (San Lucas 17, 26-37).
- Ignacio Camuñas Solís fue ministro para las Relaciones con las Cortes (1977-1979)