El Sáhara y la Agencia de Protección de Datos

La cuestión de confianza del artículo 112 de la Constitución, ante el Congreso, es lo que exige el giro sahariano de Sánchez, máxime si miembros del Consejo de Ministros no respaldan el giro presidencial. Y tampoco parece que lo respalden los partidos parlamentarios socios del Gobierno. Para asuntos así está prevista la cuestión de confianza del artículo 112 de la Constitución. Además, Sánchez debió consultar al Consejo de Estado, pues se trata de un asunto de Estado de especial trascendencia (artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado). Por cierto, la Ley del Gobierno dice que corresponde a Sánchez, «en todo caso», establecer las directrices de la política exterior. Es decir, Sánchez es el que debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones. No tengo esperanza en que Sánchez cumpla con las leyes, pues como el Tribunal Supremo ha dicho hace unas horas, al suspender dos nombramientos en la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno se separa de las leyes, hace como si no existiesen. Lástima que el auto del Tribunal Supremo, demoledor, no haya sido tratado informativamente como merece. ¿Y la oposición?