Ministra curiosona

Creía que la declaración de la renta nos uniformaba a todos, que una vez liquidadas cuentas se igualaban los hándicaps y no me iba a costar la gasolina más o menos que a otros, o los peajes, o la entrada a los museos… Pero no es así y, por ejemplo, entre los criterios de admisión del alumnado cuando no hay plazas suficientes está, junto a la existencia de hermanos matriculados en el centro, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los padres, la renta per cápita de la unidad familiar.

De esta manera mis ingresos me van a castigar, o a premiar, por partida doble, cuando le pago a Hacienda y cuando voy a elegir centro para mis hijos. ¿No es suficiente con lo primero? ¿Si no fuera así, quien contribuye más tiene más derechos que quien contribuye menos o al revés?

La Ley de Protección de Datos garantiza a la persona el control sobre sus datos, su uso y su destino, «para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención».

La ministra de Sanidad también quiere saber cuánto gano. Dos mil quinientos años después, las preguntas hipocráticas –¿qué le ocurre?, ¿desde cuándo? y ¿a qué lo atribuye?– se han quedado anticuadas, lo fetén es el abordaje biopsicosocial, incluidas renta y orientación sexual.

Si me contestaron a las tres preguntas con un «usted sabrá, que para eso es el médico», ¿por dónde me pueden salir si pregunto cuánto ganan o si hacen a pelo y a pluma?