Terremoto en el PP

El PP vivió ayer una de sus jornadas más trágicas con el estallido de un enfrentamiento interno que, por mucha tensión previa que se intuyera entre los protagonistas, alcanzó una dimensión sin precedentes y tendrá unas consecuencias incalculables para la marca.

Los primeros efectos ya son evidentes: en apenas un día, el mismo partido que hace unos días cosechó una meritoria victoria en Castilla y León, sumando más escaños que el PSOE, Podemos y Ciudadanos juntos; parece hoy una nave a la deriva por las cuitas de sus tripulantes y se aleja de ser la alternativa a Sánchez que sin duda necesita España y parecía muy cercana.

La segunda consecuencia no es menos nítida: la «guerra civil» entre Casado y Ayuso provoca una inmensa desolación entre millones de españoles que piden y merecen un partido sólido y unido para confrontarse y frenar democráticamente al Gobierno más frentista, abusivo e incompetente que ha tenido nunca España desde 1978.

Todo eso ha saltado por los aires por un inaudito episodio que comenzó con la supuesta investigación clandestina de Génova a Ayuso, a través de unos supuestos detectives privados; pero culminó con un duelo al sol entre Ayuso y Casado difícil ya de reconducir.

No solo por los hechos de fondo, la supuesta adjudicación «a dedo» de un contrato público de la Comunidad de Madrid a una empresa como mascarada para enriquecer al hermano de la presidenta, sino por la fractura pública retransmitida a los cuatro vientos entre el líder del partido, Pablo Casado, y su mayor activo electoral tal vez, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre lo primero, las abultadas comisiones que el hermano de la presidenta hubiera podido cobrar por un contrato técnicamente legal justificado por la emergencia sanitaria, toda precaución es poca. Pero cabe decir que el relato de unos y otros tiene luces y sombras que todos deben aclarar.

Ayuso no puede escudarse en la legalidad simplemente, pues aunque así fuera, haría falta además que la participación de un familiar en todo el proceso, controvertida por definición, se atuviera a las prácticas del sector: si su ganancia es de 280.000 euros –casi un 20 por ciento del total del contrato–, es lícito preguntarse si su presencia fue estrictamente profesional o, en realidad, la principal causa de la propia adjudicación.

Y Génova, por su parte, no ha aclarado bien ni el episodio de los detectives, que existieron aunque no esté demostrado que obedecieran órdenes de la dirección del partido; ni por qué sus sospechas no condujeron a la apertura rápida de un expediente pero sí, quizá, para tener una herramienta de presión a Ayuso si el pulso interno ponía en peligro el liderazgo de Casado.

Ni se puede acusar del todo a nadie, ni se le puede absolver por completo: pero sí se les puede exigir a todos que este asunto se aclare con rapidez y se despeje por completo toda sombra de sospecha.

Pero lo cierto es que, incluso aunque se despeje esa incógnita, que para Ayuso no existe y para Casado es verosímil; se zanjará la onda sísmica de asistir en directo a la acusación de la presidenta regional contra su presidente, responsabilizándole de orquestar un campaña para derribarla; ni a la enérgica réplica del secretario general, sugiriendo la expulsión de la presidenta madrileña e incluso el inicio de acciones legales contra ella por posibles calumnias.

La ruptura es de una dimensión tal, que no es sencillo presagiar una fórmula de arreglo satisfactoria para las partes y, a la vez, para la militancia y los seguidores del PP, divididos ahora mismo en una lucha cainita reflejo de la que libran sus dirigentes.

Lo que sí resulta fácil es imaginar el regocijo del Gobierno, de la izquierda y de Pedro Sánchez: cuando más dificultades tenía para mantener un proyecto resumido en el estropicio económico y la subordinación nefanda a Bildu o ERC; ve cómo su gran adversario se debilita, cuando no se deshace, por una batalla interna impropia de un partido que debía ser la esperanza para millones de españoles y hoy es una causa más de su frustración.