Perseguir a los provida es acosar a la propia democracia

El mayúsculo escándalo de la aprobación de la reforma laboral, probablemente fraudulenta y con seguridad antideportiva, ha tapado otro bochorno impulsado en el Congreso por el Gobierno, con el respaldo de la izquierda más radical y, de manera sorprendente, del PNV.

Se trata de la modificación y ampliación del artículo 172 del Código Penal que, en síntesis, convierte en delito algo tan pacífico y conmovedor como concentrarse para rezar en las cercanías de las clínicas abortivas, esas oficinas comerciales que hacen un negocio oneroso con un drama tan evitable.

El entusiasmo puesto por el PSOE, Podemos o Bildu para defender esta reforma solo es superado por la insoportable retórica desplegada para justificarlo, presentando a unos pocos cristianos como una peligrosa banda de acosadores.

Una caricatura vomitiva con la que se pretende blanquear la única persecución existente, ahora legalizada por un Congreso cada día más echado al monte: la de personas pacíficas, con un mensaje provida impecable, que solo intentan apelar a la conciencia más íntima del ser humano y hacer reflexionar a la Administración sobre las alternativas existentes a la interrupción del embarazo.

Que ese comportamiento se equipare penalmente con el maltrato, tenga por castigo penas de cárcel y no necesite siquiera de denuncias de nadie es un completo despropósito que probablemente anule algún día el Tribunal Constitucional.

Pero sobre todo es un abuso liberticida que consagra la persecución por razones ideológicas, algo impropio de una democracia liberal occidental y definitorio, sin embargo, de regímenes monocolores dispuestos a imponer su verdad única totalitaria.

¿Acaso la práctica totalidad de las usuarias de esas clínicas no renunciarían a perder a sus hijos si tuvieran los recursos y el confort de Irene Montero, por ejemplo?

La respuesta a este exceso no es solo por razones religiosas ni debe venir, en exclusiva, de quienes tengan unos valores provida que debieran ser de todos, incluso de los promotores del aborto si entendieran que la primera propuesta a una embarazada nunca puede ser la más definitiva y cruel de las «soluciones».

¿O acaso la práctica totalidad de las usuarias de esas clínicas no renunciarían a perder a sus hijos si tuvieran las alternativas, el confort y los recursos de Irene Montero, por ejemplo, gran defensora de la regulación más extrema del inhumano aborto?

Los grupos provida deberían acelerar una reflexión de los poderes públicos sobre la actitud y las opciones que ofrecen a las mujeres que, tal vez desde la desesperación, buscan la salida rápida de renunciar a la maternidad.

Pero lo que han recibido es todo lo contrario: un intento de purga que apela a todos los demócratas, en tanto en cuanto valida un peligroso precedente en el que el Gobierno regula la persecución de todo aquel que no se adecúa a sus patrones ideológicos.

Que eso se haga en el mismo país que legaliza las injurias al Rey o a la bandera; llama «arte» a las amenazas de un radical si las expresa en una canción o ultima una Ley de Seguridad Ciudadana que protege más al delincuente que al policía es desasosegante.

Porque consagra un modelo en el que todas las barbaridades son legales si atentan contra la parte de sociedad a la que el Gobierno detesta pero todos los derechos son discutibles, por el contrario, si se practican para defender una alternativa decente, argumentada y tranquila a esos discursos nihilistas.

Providas, en realidad, somos todos, incluso los que no lo saben. Y permitir que se encarcele a quienes iluminan un debate sobre la maternidad, mientras se libera a etarras o se legaliza la agresión ideológica, nos apela por ello a todos también.

Porque este asunto, además de versar sobre la vida, lo hace además sobre pilares básicos de una democracia como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación. Hoy son los cristianos, de nuevo, mañana puede ser cualquiera.