Sánchez invita a volver a intentarlo

El presidente del Gobierno ha presentado la reforma a la baja del delito de sedición como un «compromiso personal», como si sus peajes, deudas e intereses pudieran justificar por sí solos las concesiones que, desde 2018, viene haciéndoles a partidos marginales que, con él, se han convertido en socios indispensables.

Que Sánchez reinvente el «derecho penal de autor» para someterlo a sus intereses es gravísimo; y que lo haga además para atacar a pilares constitucionales resulta simplemente escandaloso: no se pueden cambiar las leyes para subordinarlas a las necesidades coyunturales de un político; y mucho menos si además ello afecta a los pilares del Estado.

Las coartadas esgrimidas por el Gobierno, a través de sus portavoces y del propio Sánchez, son además una tomadura de pelo: no es cierto, sin más, que Europa esté pidiendo la adaptación del tipo penal español al europeo para acabar, según sugiere Moncloa, con la distorsión entre las normas nacionales y las continentales.

Democracias tan sólidas como Francia, Alemania o Italia castigan duramente todo tipo de delitos que atacan a la cohesión de la nación, y en muchos de ellos incluso está proscrito el separatismo como opción parlamentaria: se puede creer en la independencia y trabajar por ella desde la sociedad civil, pero no desde dentro de las instituciones y aprovechándose de ellas.

Nada de esto se le escapa a Sánchez, que de culminar sus «rebajas penales» pondría en la picota ante el Tribunal de Estrasburgo al propio Supremo, cuya condena luego indultada parecería de repente un exceso.

Y tampoco ignora el presidente que la única razón de su sumisión es la misma que impulsó los indultos: no se busca restituir la convivencia en Cataluña desde una especie de amnistía política que comporte la aceptación de las reglas del juego democráticas; sino calmar a los insaciables partidos de quienes depende la estabilidad de Sánchez.

Con el separatismo catalán lo va logrando con indultos y regalías penales o económicas; y con el vasco liberando a terroristas con delitos de sangre que no se arrepienten, tal y como ha demostrado El Debate en algunas de sus informaciones más relevantes.

Que incurra en ese deplorable intercambio un dirigente que pidió endurecer el delito de rebelión, firmó el 155, prometió poner a Puigdemont ante la Justicia española e incluso difundió su apuesta por una nueva ley anti-referendos ilegales, perfila a Sánchez como un inconsciente, un irresponsable y un político indigno de la más elemental confianza.

Porque alguien que es capaz, por igual, de intervenir la Generalitat por sus excesos y de indultar después a los culpables de ellos no es de fiar ni merece indulgencia alguna. Quien comercia con las leyes, la justicia y el sentido común no es digno del respeto que reclama la magistratura que ostenta. Porque no solo invalida la acción de la Justicia; también incita a quienes delinquieron a volver a hacerlo cuando las circunstancias se lo aconsejen.