Europa también señala a Sánchez por su papel con Marruecos

Lo que era una probabilidad, es desde ahora casi una certeza: Marruecos espió a Pedro Sánchez hace dos años, y le sonsacó 2.6 gigas de información del teléfono personal que utiliza como presidente del Gobierno.

Ésa es la conclusión formal de la comisión de investigación del «Caso Pegasus» en el Parlamento Europeo, con todas las prevenciones que este tipo de informes merecen, que también ha legitimado las escuchas a 18 líderes separatistas catalanes, todas con respaldo judicial, aunque no con la debida contundencia: le ha sobrado, sin duda, alimentar la absurda sospecha de que pudieron cometerse abusos y de que, por ello, es necesario ampliar la investigación y reformar las leyes que dan cobertura al trabajo del CNI.

Lo relevante, no obstante, es que señale a Rabat como inductor de una invasión de la Seguridad Nacional y que, además, lamente la poca información disponible por decisión de la Moncloa, con una actitud sorprendente: en lugar de tener la máxima colaboración de la víctima para esclarecer los hechos; ésta se ha convertido con su opacidad en el mejor aliado del culpable.

El silencio de Sánchez en este capítulo, que le ha llevado a ignorar a Europa y a ningunear las reiteradas exigencias de explicaciones formuladas en el Parlamento, avala todas las sospechas, agravadas por la secuencia de decisiones adoptadas por el presidente tras ser espiado.

Porque inmediatamente después de esa inquietante injerencia, Sánchez hizo justo lo contrario a lo que cabría esperar de un custodio de los intereses nacionales: en lugar de pedirle aclaraciones a Marruecos y dárselas a la sociedad española, el jefe del Ejecutivo se doblegó ante Rabat y cedió la posición de la nación en el Sáhara, un protectorado durante medio siglo.

Y lo hizo, como ha revelado El Debate en sucesivas informaciones documentadas, tras permitir un año antes la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario; obviando al Rey e ignorando la oposición mayoritaria del Congreso de los Diputados, incluida la de sus socios.

¿Qué le llevó a Sánchez a imprimir ese volantazo, de manera personalísima, en un asunto de Estado? ¿Fue el espionaje de Marruecos, y lo que obtuviera de él, la razón de ese giro inexplicado? ¿Qué sonsacó Rabat del teléfono móvil del presidente del Gobierno?

La mera duda es inaceptable, y obliga a darle a este asunto la categoría institucional, parlamentaria y judicial que sea menester para obtener las respuestas que Sánchez le está hurtando, de manera escandalosa, a la ciudadanía.

Porque un presidente no tiene derecho a convertir en una especie de secreto de Estado lo que, en realidad, amenaza al Estado. Y mucho menos a pagar con intereses nacionales presuntos problemas privados, una sospecha certificada también por Europa.