Koldo no pudo conseguir mordidas sin la ayuda del Gobierno

La revelación es que una trama de mordidas a cambio de favorecer la adjudicación directa de contratos públicos para la adquisición de mascarillas, en plena pandemia, está ligada a José Luis Ábalos, uno de los hombres clave de la transformación de un político desconocido en el líder del PSOE. Y por eso todo ello pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez y le obliga a someterse a un escrutinio público sin límites ni excepciones. El que él exige a los demás, por bastante menos, y del que él siempre se zafa, con inmenso cinismo.

Porque lo ya conocido rememora lo peor de los casos de los ERE y del Tito Berni, ambos ubicados en ese mismo espacio de la gestión del dinero público como un pretexto para enriquecerse con comisiones, abonadas para inclinar la balanza de las adjudicaciones a favor de los pagadores. La naturaleza de los implicados descarta, sin duda, la condición de un mero colaborador de Ábalos, Koldo García, como cabecilla de la banda. Es una tomadura de pelo decir que un segundón casi desconocido pudo organizar una trama capaz de obligar a dos Ministerios y dos gobiernos autonómicos a entregar más de 300 millones de euros a empresas, sin ninguna competencia, sospechosas de pagar a cambio descomunales comisiones.

Esto no da para acusar a José Luis Ábalos ni a su jefe, Pedro Sánchez, pero sí para exigir que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que, mientras, el diputado y el presidente del Gobierno den explicaciones públicas convincentes. Porque Ábalos fue destituido como ministro sin ninguna explicación de Sánchez y, a la vez, renovado como diputado por el mismo dirigente que lo desechó previamente.

Y sin ninguno de los dos, el asesor del protagonista de casos ya tan escandalosos como el rescate de Plus Ultra o la recepción de las misteriosas maletas de Delcy, no hubiera abierto puertas del máximo rango ni conseguido contratos formidables. Es mero sentido común. Sánchez no se puede esconder en el supuesto desconocimiento de lo que pudo ocurrir dentro de su propio Gobierno, que acumula sospechas fundadas en otra instrucción judicial por una razón parecida: Salvador Illa adjudicó en torno a 24 millones, también a dedo, a una empresa china que sirvió material defectuoso.

En ningún caso el líder de un partido puede resolver un bochorno así, con detenidos y una larga investigación de la Fiscalía Anticorrupción, haciéndose el sorprendido. Y mucho menos el ofendido, como si la mera duda sobre él fuera por definición improcedente. Si alguien acumula un historial de opacidad es Sánchez, el político más contestado de la historia por el Consejo de Transparencia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional. Y si alguien no se merece indulgencia alguna, es quien justificó una moción de censura en la imperiosa necesidad de limpiar la vida política, una triste coartada para aliarse con todo el separatismo y lograr en los despachos lo negado por las urnas.

El mismo, por cierto, que ha tenido y tiene la desvergüenza de acusar de corrupción a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano, por un caso ficticio archivado doblemente por la Justicia española y la europea. Quienes están en entredicho son Sánchez y su Gobierno, y con algo más que acusaciones falsas y verborrea gratuita.