Sánchez, al margen de la ley

La revuelta de jueces y fiscales contra las coacciones, los caprichos y las cacicadas de Pedro Sánchez en favor de delincuentes y prófugos han alcanzado un punto sin retorno que coloca al Gobierno frente a su deplorable espejo: o acepta la legalidad, que se sustenta en la separación de poderes y la autonomía de todos ellos, o se coloca al margen de ella.

El lamentable recurso para situar a magistrados con causas en marcha en una operación política, según la cual les mueve más el propósito de dañar a Sánchez que el de aplicar las leyes, ha quedado rápidamente desmontado por el peso de las evidencias.

No son solo García Castellón o Aguirre, los dos magistrados denigrados por el PSOE y sus aliados, quienes creen que hay razones de peso para investigar a Tsunami Democràtic y los CDR por presuntos delitos de terrorismo o a Puigdemont por sus siniestras relaciones con Rusia.

También creen que deben explorarse esas vías en la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y en la Comisión Europea, a los que difícilmente se les podrán cargar también intenciones políticas que solo existen en el caso de Sánchez: alcanzar y mantenerse en el poder, pagando un precio insoportable en términos de respeto a la Constitución y a la decencia política.

Lo que estamos viendo en directo, felizmente, es la respuesta del Estado de derecho a la deriva emprendida por un Gobierno que solo tiene futuro si lo deshace y modela al antojo de los principales enemigos del orden constitucional, de la igualdad ante la ley y del sentido común.

Solo quienes forman parte del entramado de Sánchez, sea mediático, institucional o judicial; pueden defender el ataque contumaz a las reglas del juego que ha emprendido para satisfacer las ansias de impunidad de quienes, más que aliados, son acosadores, con su triste beneplácito.

Porque nadie tendrá dudas, a estas alturas, que el Gobierno solo puede dar apariencia de legalidad a sus abusos si, antes, coloca arteramente en instituciones clave del Estado a burdos comisarios de los deseos de su jefe, poniendo en cuarentena el prestigio y la solvencia de las mismas, sean la Fiscalía General del Estado, el cuerpo de Letrados del Congreso o el Tribunal Constitucional.

Pero nadie debe temer que ese rodillo no tenga una respuesta a la altura del desafío. Los fiscales, el Poder Judicial, las asociaciones de jueces y la propia Comisión Europea han demostrado que, por invasiva y predemocrática que sea la actitud de Sánchez, la democracia tiene controles de calidad, barreras jurídicas y líneas rojas institucionales que no se pueden pisotear impunemente.

Al contrario, la contumacia en la coacción, fruto de la desesperación ante los ultimátum de sus socios; ha servido para espolear una réplica cada vez más enérgica y numerosa de los poderes públicos y la ciudadanía.

Todo ello debiera llevarle al líder socialista a reflexionar y deponer su tétrica huida hacia adelante, pero probablemente haga lo contrario: su vida política ha sido siempre una combinación de trampas y mentiras que ahora, con seguridad, le llevarán a incrementar aún más su desprecio por las reglas. Aunque eso, tristemente, le esté convirtiendo en un presidente al margen de la ley.