Hay que manifestarse masivamente

Buena parte de la sociedad española siente con razón que, en el viaje temerario que Sánchez emprendió para conservar a cualquier precio la Presidencia del Gobierno, se están rompiendo las costuras de la Constitución, del Estado de derecho e, incluso, de la convivencia.

No es desmedido, desde luego, y no atiende en exclusiva a factores ideológicos, como pretende hacer ver el líder socialista: él mismo ha gobernado en España con una moción de censura artera, que forzó tras perder sendas Elecciones Generales en apenas seis meses; y sustentando en los mismos socios que ahora le tienen intervenido.

Y aunque la crítica fuera masiva en una parte de la sociedad española, se asumió dentro de una normalidad democrática bastante más ejemplar que la demostrada por el único beneficiario de sus trapacerías. Solo ha cambiado eso cuando, a las trampas habituales para alcanzar una meta, le ha añadido unos peajes inaceptables e incompatibles con su cargo.

Porque aceptar la intervención de los destructivos adversarios de la España constitucional equivale a asumir sus objetivos y adaptar, a su vez, las herramientas del Estado a esa perversa deriva.

La decisión de Sánchez de obtener así lo que las urnas le negaron no solo legitima todo aquello que un presidente digno debería de combatir; sino que además comporta la demolición de la separación de poderes, de la independencia de todos ellos y de la misma democracia en definitiva.

El empecinamiento de Sánchez es aceptar la extorsión separatista, sustentada en una especie de «impuesto revolucionario» eterno cada vez más insoportable y ofensivo, provoca una lógica frustración social, al constatarse que por indignos que sean los medios y los fines, acaban imponiéndose por la falta de escrúpulos de quien los necesita para pagar todas sus facturas.

Pero la respuesta de jueces como García Castellón, de parte del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de la oposición, del Senado y muy probablemente de la Unión Europea en el momento oportuno demuestran que pese a todo el Estado de derecho es fuerte y resiste el ataque impulsado desde el propio Gobierno, en un caso con muy pocos precedentes en los sistemas democráticos occidentales.

Y es en esa evidencia en la que la sociedad civil debe desechar todo pesimismo y, desde luego, toda tentación de responder con métodos tan poco democráticos como los que padece. La democracia se defiende mejor desde la democracia y, pese a todos los indicios de deterioro, hay que confiar en la fortaleza de las instituciones españolas y europeas y animarlas, con civismo implacable, a hacer su función.

Quizá sus efectos sean más lentos, pero también son más firmes. Y para lograrlo, los propios ciudadanos tienen una responsabilidad a su alcance, fácil de cumplir: demostrar en la calle, de manera pacífica, masiva y democrática, su rotundo rechazo al «procés» encabezado por Sánchez para lograr el beneplácito de personajes tan siniestros como Puigdemont, Otegi o Junqueras.

Este domingo tienen una ocasión en Madrid, convocada por el PP y digna de respaldo. Como lo tendrán todas aquellas que, en la misma línea, impulsen otros partidos políticos y asociaciones civiles en toda España. En esto no hay banderas, más allá de la española constitucional, y todos deben verse concernidos e invitados a una réplica imprescindible a la barbarie política en ciernes.