Sánchez amnistía a Puigdemont y condena a España

Hoy se vivirá una de las jornadas más trágicas en casi medio siglo de democracia, con la previsible aprobación inicial en el Congreso de una ley de amnistía dictada por peligrosos delincuentes con la que Sánchez, simplemente, se ha comprado su continuidad en la Presidencia del Gobierno.

Falta por conocerse si el bochorno incluirá o no los posibles delitos de terrorismo, aunque todo parece indicar que sí: Puigdemont ha exigido que se beneficien de la medida, aparte de él mismo, los ínclitos CDR y Tsunami Democràtic, dos organizaciones que la Justicia considera responsables de presuntos delitos de terrorismo, algo apreciable a simple vista.

Porque organizarse con afán violento e insurgente, preparar explosivos, paralizar infraestructuras básicas como aeropuertos, autovías o estaciones de tren y agredir salvajemente a los Cuerpos de Seguridad es, sin más, terrorismo.

Lo decía el propio Sánchez cuando no necesitaba el apoyo de Junts, y lo corroboran las investigaciones judiciales y el más elemental sentido común. Y de lo vergonzoso que supone esta penúltima rendición da cuenta la alocada diferenciación, a juicio del Gobierno, entre el malvado terrorismo de siempre y otro, el de los salvajes separatistas catalanes, que según su infame definición «no conculca derechos humanos».

Esa barbaridad quedará hoy legislada, sin otra consecuencia que la humillación del Estado de derecho, la ofensa a quienes lo defienden, el desprecio a la sociedad española y el refuerzo de quienes han pasado de sentarse en el banquillo o huir a dictarle al Gobierno sus medidas y prioridades.

Porque la impunidad individual y colectiva nunca es fácil de digerir, pero mucho menos cuando comporta una legitimación de los objetivos que la impulsaron y acerca además su consecución. Y eso es precisamente lo que va a facilitar Sánchez, por mucho que repita hasta la extenuación que gracias a sus medidas se va a pacificar el conflicto impulsado por una parte menor de Cataluña.

Los mismos beneficiarios de esta sangrante rendición, que de algún modo obliga a España a pedir disculpas a quienes la agredieron y seguirán haciéndolo, lo dejan claro: su respaldo a Sánchez no tiene nada que ver con el deseo de dar estabilidad al Gobierno y al país; sino con la certeza de que su capacidad de extorsión les rendirá históricos avances en su hoja de ruta separatista.

Es decir, Sánchez vacía el Estado de derecho para que quienes lo pisotearon en nombre de un delirio ilegal, puedan hacerlo sin obstáculos, a cambio de regalarle un poder que los españoles no le entregaron en las urnas y ninguna mayoría parlamentaria artificial puede convertir en un salvoconducto para destruir la Constitución.

Las nuevas revelaciones en El Debate sobre las sospechas judiciales de los tratos de Puigdemont con Putin, el gran desestabilizador de las democracias europeas, añaden otro elemento de vergüenza a la actitud de Sánchez y le convierten, sin duda alguna, en cómplice de todas las fechorías cometidas o por cometer por esa minoría alocada encabezada por un prófugo.

Ante todo ello, solo cabe insistir en que la respuesta ha de venir desde la propia democracia y desde la sociedad civil, con el respeto por los valores constitucionales, el civismo y la decencia que Sánchez no tiene.

Por mucho que resulte frustrante ver a todo un presidente conspirando con los enemigos del país que dirige, hay que confiar en que España sabrá encontrar la manera de recuperar su dignidad y parar a quienes la mancillan en nombre de objetivos bastardos e intereses espurios.