La Justicia no se toca

No hay nadie más sospechoso que este Gobierno, y particularmente su presidente, con respecto a su sostenido intento de enterrar la independencia de la Justicia y convertirla en una herramienta subordinada a sus intereses, tan a menudo espurios.

Desde 2018, no ha dejado de arramblar contra su autonomía, con reiteradas reformas y medidas más propias de un abordaje corsario que de una mejora de un poder definitorio de la salubridad de una democracia.

Esa ofensiva, sin duda impulsada por el temor a que una justicia solvente llegue a conclusiones funestas para Sánchez por la retahíla de escándalos que lo acorralan, ha llegado al clímax con una atropellada batería de reformas impulsadas en las últimas semanas con el mismo objetivo: anular la respuesta judicial a todo aquello que inquiete al líder socialista.

En esa línea va la burda chapuza de incorporar a cientos de jueces a la carrera sin pasar por una oposición seria, abriendo la puerta a juristas cuyo principal mérito sea la afinidad ideológica al PSOE, tal y como ya se ha evidenciado con la inaceptable anulación de la sentencia de los ERE desde un Tribunal Constitucional colonizado por adeptos.

Y también el escandaloso asalto del proceso de selección de los presidentes de las salas del Tribunal Supremo, por el atajo de tratar de evitar que lleguen a esos destinos magistrados de independencia contrastada con el argumento de que están cerca de la edad de jubilación.

A todo esto se le añade el cortocircuito de las asociaciones de jueces no adeptas, la persecución de quienes instruyen causas polémicas, la utilización de la Fiscalía General para la guerra sucia contra Ayuso o la indiferencia ante los mensajes de Europa para respetar a un poder germinal del Estado de derecho.

El paisaje final es desolador y peligroso, pues modela una especie de Estado a la carta de un poder partidista desbordado por escándalos que, en lugar de asumir las consecuencias de ello, intenta dotarse de impunidad, con acólitos dispuestos a concederles ese disfraz.

La tensión que padece la democracia con Sánchez, cuyo comportamiento está más próximo al de un sospechoso de un delito que al de quien intenta perseguirlo, ha llegado ya a un extremo intolerable. La respuesta, sin embargo, está siendo demasiado tibia, algo que deberían reflexionar la oposición, las instituciones europeas y la sociedad en su conjunto.