El incremento real del SMI ha sido de 10.000 euros por empleado desde 2016

Se plantea la discusión sobre el incremento del salario mínimo como una cuestión de 50 euros; es decir, si los empleadores están dispuestos o no a pagar a sus asalariados que perciban el salario mínimo esa cantidad más por mes. En un contexto normal, uno podría pensar que es un error. En este caso, no lo es. Porque en verdad es un intento de presentar a los empresarios españoles como unos avaros miserables, tan egoístas que son incapaces de ceder de buena gana 50 euros de sus supuestamente enormes ganancias.

Partamos de lo obvio, pero normalmente olvidado. El 93 % de las empresas españolas son microempresas que, de media, tienen dos ocupados. La empresa típica española no es Telefónica, Inditex o el Banco Santander. Es una peluquería, un bar o un despacho de abogados. No se trata del segmento de la economía más pujante: en diciembre último, había 11.300 empresas menos de este tipo que tres años antes. En cambio, en el mismo período, el número de empresas con al menos 250 asalariados creció 16,4 %.

Es evidente, entonces, que el impacto de un aumento del salario mínimo (SMI) no es igual en todas las empresas: es mucho más fuerte en las microempresas. Esa es una de las razones que explica por qué el número de microempresas con uno o dos empleados viene cayendo: no pueden hacer frente al incremento de costes que surge de los aumentos del SMI, los mayores tipos de interés, la cuota de autónomos, etc.

Volvamos a los supuestos 50 euros. Si tenemos en cuenta que los mismos se deberán pagar 14 veces durante el año y que hay que añadir el coste de las cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que inventó el exministro Escrivá, ahora al frente del Banco de España, llegamos a que el coste total asciende a 943 euros anuales por cada empleado que cobre el SMI.

En 2016, el SMI era de 655,2 euros. Sumando las pagas extraordinarias y las cotizaciones sociales, el coste anual mínimo de contratar un empleado era entonces de 12.300 euros (siempre suponiendo el tipo medio de cotización por Accidentes y Enfermedades Profesionales, que va de 0,9 % a 7,25 %).

Si en 2025 el nuevo SMI se fijara en 1.184, se habrá completado un incremento de 80,7 % desde 2016. Con 1.184 euros, el coste mínimo de contratar un asalariado crecería hasta 22.300 euros. Eso conlleva un incremento de 10.000 anuales por empleado desde 2016.

No son, entonces, apenas 50 euros. Es la acumulación de incrementos desproporcionados, que se han hecho sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores (ET), por los cuales el SMI pasó de representar menos del 50 % del salario medio de las microempresas al 72 % antes mencionado. Son, más bien, los 10.000 euros anuales por empleado que el gobierno decidió transferir desde los bolsillos de los (micro)empresarios hacia los bolsillos de sus empleados. Pasando por encima de los acuerdos vigentes entre ambas partes.

Cada vez que el Gobierno fija el SMI sin acuerdo de los agentes sociales y al margen del ET, lo que está en verdad haciendo es decidir una expropiación arbitraria de una parte del patrimonio de los (micro)empresarios. Algo que tiene tanto que ver con la equidad, la justicia y el progreso, como un látigo tiene que ver con el amor.