División forzosa

El lenguaje guerracivilista que hemos oido en los últimos días no es fruto de un calentón dialéctico. Obedece a una estrategia diseñada el pasado verano en el palacio de la Moncloa. A esa táctica responden las palabras del diputado socialista Felipe Sicilia cuando afirmó que «quisieron parar el pleno con tricornios y hoy con togas», calificando de golpista al Partido Popular, y la acusación del presidente del gobierno a un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional de formar parte de un complot. Hay que estar advertidos, porque habrá más.

El pasado verano, el gobierno y la cúpula del PSOE estaban bajo shock por su derrota en las elecciones del 19 de junio en Andalucía. Para ellos era impensable que el Partido Popular se alzara con la mayoría absoluta. Pero el resultado fue inapelable. El PP, con 58 diputados, casi dobló en escaños al PSOE, que se quedó en 30. Según una de las empresas de sondeos más solvente, la clave de esa derrota espectacular en el feudo socialista se debió a que un sector de votantes tradicionales del PSOE se fue a la abstención y, lo que es más grave, 320.000 decidieron votar al PP.

En lugar de analizar con realismo las causas de esa derrota y rectificar, me consta por una fuente de la mayor solvencia que se decidió montar una estrategia de comunicación para evitar que ese desastre se repita en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y en las generales de diciembre. No quisieron ver que los pactos con Bildu y con ERC, y los indultos a los separatistas condenados podían estar detrás de esa derrota sin precedentes. Y decidieron que el procedimiento más eficaz para movilizar a sus votantes tradicionales era tensar al país y asociar al partido de la derecha con el golpismo. Poco importaba que fuera un sector mayoritario de la derecha el que contribuyó a devolver la democracia a España en los años de la Transición, y que sus dirigentes la defendieran con riesgo de sus vidas cuando fue amenazada la noche del 23 de febrero de 1981.

El presidente ha cedido hasta la humillación a todas las condiciones impuestas por Esquerra, ha otorgado indultos a quienes no han mostrado el menor atisbo de arrepentimiento - «ho tornarem a fer», lo volveremos a hacer-, ha reducido a la nada el delito de sedición y ha convertido en un bonsái penal el delito de malversación. Recurrir al lenguaje guerracivilista y resucitar los odios de los años en los que los españoles se partieron la cara, no es solo una torpeza política que no les dará resultado, como tampoco se lo dio la exhumación de los restos de Franco; es el mayor ejercicio de antipatriotismo que hemos visto en cuarenta años.

Porque el cimiento de la prosperidad y la convivencia en paz de este tiempo ha sido el abandono del enfrentamiento cainita entre los españoles. En estos años hemos hecho compatibles las discrepancias y las diferencias ideológicas, en ocasiones defendidas con viveza e incluso tensión, con la convivencia en paz en una sociedad reconciliada. Los españoles sabíamos de dónde veníamos y no queríamos repetirlo.

Solo recordaré que en cien años -entre 1834 y 1936- tuvimos cuatro guerras civiles. Éramos un país pobre atenazado por el atraso y el analfabetismo, y esa pobreza y esa ignorancia nos llevaron al enfrentamiento civil. Hasta que en 1977 decidimos reconciliarnos y dejar la sombra de Caín en el arcén de la historia. Y no nos ha ido mal porque desde entonces hemos vivido el mayor progreso económico y social de nuestra historia.

Atizar de nuevo el odio, azuzar el enfrentamiento y avivar la resurrección de las dos Españas es empujarnos hacia lo peor de nuestro pasado. Y la estrategia del gobierno es especialmente dañina porque se ha diseñado sobre una sociedad que no está mayoritariamente enfrentada. No se percibe esa tensión en la vida cotidiana. Los españoles no estamos enfrentados, pero nos quieren volver a enfrentar. Estamos ante un intento de división forzosa, impuesta por intereses políticos que se puede llevar por delante lo conseguido en cuarenta años.

Hay quienes van más allá y afirman que la estrategia del gobierno no solo aspira a ganar las elecciones de 2023 sino a desmontar el orden constitucional de 1978. El objetivo último sería cambiar la forma de Estado y fraccionar la unidad de la nación con el apoyo de los partidos republicanos y separatistas. Dada la dificultad de reformar la Constitución por el procedimiento previsto en su articulado, para el que no tienen los votos suficientes, la estrategia consistiría en realizar desde dentro unos cambios profundos del sistema, de más que dudosa legalidad, que serían avalados por un Tribunal Constitucional con una mayoría de magistrados afines designados por el gobierno. De ahí su empeño en cambiar las leyes necesarias para permitir que esa mayoría se consolide con urgencia.

Hace 46 años Torcuato Fernandez-Miranda diseñó el procedimiento jurídico -incluido un referéndum- para ir de la dictadura a la democracia, y fue Adolfo Suárez quien lo llevó a la práctica con éxito. Consiguieron unir y reconciliar a los españoles. Hay quien dice que Cándido Conde-Pumpido es el Fernandez-Miranda de Pedro Sánchez para desmontar ahora -retorciendo la Constitución y las leyes, y sin referéndum- lo que entonces se hizo.

Está por ver si los españoles se lo permitirán con sus votos.