El error chileno
El Parlamento de Chile elaboró un proyecto de Constitución, hecho por una mayoría de izquierda y de extrema izquierda, que el 61,86 por ciento de los ciudadanos ha rechazado en referéndum. Ahora quieren hacer una Constitución de consenso. Por ahí deberían haber empezado
Chile vivió el 14 de octubre de 2019 –se cumplen ahora tres años– un estallido social que dejó pasmado a medio mundo. Se destruyeron 79 de las 136 estaciones del suburbano de Santiago; en las ciudades más importantes se quemaron iglesias, edificios públicos y privados, y ardieron decenas de autobuses; tiendas y almacenes fueron saqueados con un balance de 34 muertos, 3.400 civiles hospitalizados y unos 2.400 carabineros heridos. Se practicaron más de 8.000 detenciones y los daños causados superaron los 3.000 millones de dólares.
Chile había sido durante 46 años un ejemplo de estabilidad política y progreso en Iberoamérica. Tras el referéndum de 1989 que sacó del poder a Augusto Pinochet, se puso en marcha un proceso de transición pacífica a la democracia que recordaba al que vivió España en 1977. Esa estabilidad propició un potente crecimiento económico, el mayor de Iberoamérica, basado en las teorías de Milton Friedman y sus alumnos de la Escuela de Chicago.
El chispazo que provocó ese estallido social fue la subida del precio del metro en Santiago, pero la causa profunda fue otra. Y es que, a pesar de ese crecimiento, había un malestar social de fondo en un sector del país. Según la CEPAL, la otra cara de la moneda eran las bajas pensiones, el alto precio de los medicamentos, la deuda de los hogares, que ascendía al 75 por ciento de los ingresos familiares y, sobre todo, la desigualdad. Ese fue el caldo de cultivo de los violentos.
El presidente de la República, el conservador Sebastián Piñera, encauzó el malestar social por el sendero constitucional para desarbolar el embate subversivo, y decidió que la solución estaba en que Chile se dotara de una nueva Constitución. Y aquí empezaron los problemas.
Al año siguiente convocó un referéndum para que los chilenos decidieran si se celebraban elecciones y que un nuevo Parlamento redactara una Constitución; el resultado fue favorable, pero con una participación del 50,95 por ciento. En 2021 tuvieron lugar esas elecciones y solo votó el 41,51 por ciento. El mensaje de la ciudadanía fue claro: cuando la mitad, o más, da la espalda a las urnas está diciendo que una nueva Constitución no es la solución a las causas del estallido social. Chile tenía una Constitución aprobada en 1980 en tiempos de Pinochet a la que se le habían hecho 60 reformas. Con este texto reformado habían gobernado socialistas, democristianos y la derecha durante 29 años con las mismas libertades y alternancia en el poder que cualquier otra democracia occidental.
La causa del malestar social y de la violencia que le siguió no tuvo su origen en el modelo constitucional, sino en el modelo social que generaron los programas de la Escuela de Chicago. Se partió del axioma de que la creación de riqueza reduce por su sola fuerza la desigualdad, porque los mercados se ajustan por sí solos. Reformaron la legislación fiscal, laboral y de la Seguridad Social y privatizaron las pensiones y parte de la sanidad.
Durante años los resultados de esta política fueron espectaculares, con índices de crecimiento que superaban los de cualquier otro país iberoamericano. Chile tenía la mejor sanidad, las mejores pensiones y la mejor educación desde Río Grande hasta la Patagonia. Pero los hechos han demostrado que esa prosperidad no había calado a todos los estratos de la sociedad chilena.
Es una evidencia que solo la economía de mercado y la libre empresa generan riqueza, pero la historia enseña también que dejadas a su libre impulso pueden acabar generando desigualdad. En la Europa occidental de después de la II Guerra Mundial, democristianos y socialdemócratas añadieron a la economía de mercado un sistema de protección social estatal que le ha dado una estabilidad política de fondo sin precedentes. Y con esa estabilidad ha podido hacer frente sin convulsiones sociales y sin violencia a crisis económicas tan duras como la causada por las hipotecas «sub prime» de 2008 o las provocadas por la covid y la guerra de Ucrania. Pero Chile optó por el sistema privado de protección social siguiendo el modelo de los Estados Unidos, que allí sí funciona.
El plan de Piñera siguió adelante y los diputados, que solo representaban al 41,51 por ciento de los chilenos con derecho a voto, elaboraron un proyecto de Constitución –sometido a referéndum el pasado 4 de septiembre– hecho a la medida de la mayoría parlamentaria de izquierda y de extrema izquierda.
El tono rotundo del titular de este artículo tiene su origen en el resultado del referéndum: el 61,86 por ciento de los chilenos votaron ‘no’ al proyecto de Constitución. El rechazo fue contundente y creo que se debió a un doble error. El de Piñera, por creer que un conflicto social se resuelve con una nueva Constitución, y el de los diputados constituyentes, por redactar un proyecto que solo reflejaba las ideas de esa izquierda.
La experiencia enseña que solo las constituciones negociadas y aprobadas con un gran consenso nacional aseguran la estabilidad política. Nosotros aprendimos bien la lección tras más de un siglo con constituciones de media España contra la otra media o ignorando a la otra media. De esa experiencia nació la Constitución de 1978, que fue aprobada en referéndum por el 91,81 por ciento de los votos. Y no nos ha ido mal.
Ahora tratan de desandar un camino de errores. El nuevo presidente de Chile, que apoyó el proyecto rechazado por los ciudadanos, ha hecho una llamada a las fuerzas políticas para elaborar una constitución de consenso.
Por ahí deberían haber empezado.
- Emilio Contreras es periodista
