Nos engañaron
La celebración de un referéndum es la última exigencia impuesta por los separatistas que a Pedro Sánchez le queda por cumplir. El camino a seguir para celebrarlo ya está hablado y diseñado. Utilizarán como coartada el artículo 29.6 del Estatuto de Autonomía
«Somos España», afirmó Jordi Pujol el 27 de junio de 1981, año y medio después de que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Dos días antes, el dirigente nacionalista Ramón Trías Fargas había dicho: «No somos separatistas, queremos influir en el futuro de España… Los catalanes queremos demostrar que el autogobierno estimula la cohesión de España». Y Miguel Roca, el día 22: «La autonomía es la expresión de la voluntad de un pueblo»; la autonomía, no la independencia.
Fueron muchos los españoles que entonces creyeron que el Estatuto colmaba las aspiraciones del nacionalismo catalán, y pensaron que Ortega y Gasset se había equivocado cuando afirmó en mayo de 1932 que el problema catalán no se podía resolver; solo se podía «conllevar».
Cuando la autonomía catalana estaba dando sus primeros pasos, un alto cargo de la Moncloa me comentó con una mezcla de sorpresa e ingenuidad que Pujol había dejado claro que consideraba innegociable la transferencia a la Generalitat de todas las competencias en materia de educación. Fue la primera señal, pero nadie supo verla. Años después oí decir a un ‘padre de la Constitución’ que en los debates para redactar el texto constitucional, el que menos cedió fue Miguel Roca, que representaba al partido de Pujol. De nuevo, nadie vio nada.
Hasta que en 1990 Pujol se quitó la careta y se conoció el llamado Plan 2000 para llevar a cabo un «proceso de nacionalización» que permitiera reclamar la independencia cuando generara una mayoría social suficiente, que entonces no existía. Solo era cuestión de tiempo. Con el paso de los años ese plan fue tomando cuerpo y quedó claro el objetivo final del proyecto de Pujol: utilizar la autonomía para construir un sentimiento nacional que un día exigiera la independencia. Entonces oí a un exministro centrista estas palabras que resumían su sentimiento de fracaso y decepción: «Nos engañaron».
No era la primera vez que los separatistas lo intentaban. Lo hicieron frontalmente el 14 de abril de 1931 y por las bravas el 6 de octubre de 1934, traicionando el Pacto de San Sebastián con los republicanos españoles, que habían aceptado la redacción de un Estatuto una vez proclamada la República. La estrategia que diseñaron desde 1979 fue más ladina, les llevó más tiempo y dio la cara en octubre de 2017.
Con aquellos antecedentes no debería sorprender lo que han hecho. Pero lo que ha roto todos los esquemas es que el Partido Socialista, uno de los pilares del orden constitucional de 1978, haya escogido como aliados a partidos que están contra ese orden y contra la unidad de la nación, y se haya plegado a todas sus exigencias.
Hasta ahora, el presidente ha cedido en los indultos, en la eliminación del delito de sedición y en la reducción de las penas por la malversación, además de destituir a la directora del CNI. La última condición que los separatistas le han impuesto es aceptar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Todo se andará, y no tardará mucho.
En su mensaje del 26 de diciembre, Pere Aragonés lo dejó claro: «2023 debe ser el año para dar forma a la apuesta catalana de Acuerdo de Claridad… donde muchos queremos decidir y decidiremos independencia». Y el pasado martes reiteró «la voluntad de Cataluña de decidir su futuro con plena libertad».
Convencido de que conseguirá el referéndum, recordó con arrogancia que ha ganado todos los pulsos que hasta ahora le ha echado a Pedro Sánchez: «Se dijo que era imposible derogar el delito de sedición, se dijo que era imposible modificar el delito de malversación… la sedición ya no existe y se han limitado buena parte de los aspectos de la malversación… son un paso imprescindible… estamos avanzando».
Al día siguiente, el presidente del Gobierno afirmó: «Podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego el referéndum no se va a producir». A partir de esas palabras es cuando hay que echarse a temblar porque es de sobra conocida su invariable tendencia a hacer lo contrario de lo que promete, mientras que Esquerra nunca ha ocultado lo que aspira a conseguir.
El camino para la celebración del referéndum está negociado y diseñado. Se utilizará como coartada el artículo 29.6 del Estatuto de 2006: «Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las competencias respectivas, en la forma y las condiciones que las leyes establecen». No lo llamarán referéndum y con esa excusa Pedro Sánchez tratará de salvar la cara; recurrirán al eufemismo semántico de ‘consulta popular’ estatutaria, y la pregunta dará todos los rodeos necesarios para que un Tribunal Constitucional afín al Gobierno la dé por ajustada a la Constitución.
Esquerra celebrará el sábado 28 de enero el congreso en el que se aprobará la exigencia del referéndum. Ahí lanzarán su último embate. La única discrepancia con Sánchez estará en la fecha. Al PSOE no le conviene que sea en este año electoral porque su sangría de votos sería aún mayor que la que vaticinan las encuestas; y a Esquerra le interesa que sea en 2023 para evitar que un cambio de gobierno frustre sus planes.
Los gobernantes de la Transición cedieron ante los separatistas porque creyeron solucionar un problema de casi un siglo. El presidente del Gobierno cede ante ellos para asegurar un año de supervivencia política.
- Emilio Contreras es periodista
