El informe del Defensor del Pueblo recoge 487 testimonios de víctimas de abusos en la Iglesia desde 1940

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, su informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, una investigación que ha durado un año y medio y que fue encargada por el Parlamento.

Según estaba previsto, Gabilondo ha entregado el trabajo a Armengol pasadas las 11:30 horas de este viernes y, posteriormente, ha comparecido ante los medios para dar a conocer las principales conclusiones. Posteriormente, el informe será presentado ante el pleno del Congreso el día que determine la mesa de la Cámara.

La conclusión de este trabajo llega un año y medio después del encargo de la mayoría del Congreso, el 10 de marzo de 2022, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. En la presentación de los resultados, el Defensor del Pueblo ha recordado que su tarea no es juzgar ni legislar, sino «dar respuesta». Por ello, la comisión de escucha ha titulado el informe Una respuesta necesaria.

Gabilondo ha expresado en la presentación del informe que este no trata de ser «un punto final», sino una contribución «a la toma de conciencia, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar respuesta a las víctimas».

El libro que recoge los resultados de la comisión tiene un total de 777 páginas. Por licitación, el encargo recayó sobre la consultora GAD3, que ha realizado sobre este asunto una encuesta en la que han participado 8.000 personas. De todos los entrevistados, un 11,7 % afirmaron haber sido víctimas de abusos antes de los 18 años. Un 3,36 % de estos se cometieron en el ámbito familiar y un 0,6 % dijeron haber sufrido abusos por parte de un sacerdote o religioso. Por otro lado, el 1,13 % de los encuestados confirma haber sido víctima de abusos sexuales en el ámbito religioso. La mayor parte de estas personas han coincidido en que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

Se recogen en las páginas del informe 487 testimonios de víctimas, de las que el 84 % son hombres. Según ha informado Gabilondo, todas ellas han subrayado los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de los abusos, su efecto en sus relaciones sociales, de pareja y familiares. Un tercio de las víctimas confirmó haber sufrido síntomas de estrés postraumático, e incluso, algunas de ellas experimentaron síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza, estigmatización y de acción suicida. El plazo formal de la investigación, según ha explicado Gabilondo, se retrotrae a 1970, aunque no han dejado fuera testimonios anteriores.

«Hay una obligación de reparación», ha expresado Gabilondo, quien ha propuesto la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Asimismo, entre sus recomendaciones también se encuentra que la Iglesia española organice un acto público de reconocimiento y reparación simbólica. «Es necesario que la Iglesia haga un compromiso público para la reparación o lo que sea necesario como institución», ha indicado el Defensor.

Por otro lado, Gabilondo ha expresado que son necesarias medidas de prevención: leyes, desarrollo reglamentario, protocolos de prevención de la Iglesia en consonancia con los impulsados por la administración.

«La Iglesia debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, ofreciendo o financiando tratamiento», ha explicado. Al tiempo, ha expresado el deber que las diócesis y los institutos de vida consagrada de permitir a los investigadores el acceso a la información de los archivos, para llevar a cabo análisis más profundos.

El Defensor del Pueblo ha reconocido que todavía no ha entregado sus resultados a la Iglesia. Por su parte, el pasado 29 de marzo, la Conferencia Episcopal Española le entregó un informe de más de 2.000 páginas titulado Para dar luz, en el que se recoge información sobre 728 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde el año 1945.

Durante su investigación, la oficina del Defensor creó una Unidad de Atención a las Víctimas, compuesto por expertos en los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en la atención a víctimas y el ámbito jurídico y abrió un buzón para la recepción de testimonios. Asimismo, expertos de esta unidad han viajado por distintas ciudades españolas para entrevistarse con las víctimas.

La respuesta de los obispos

Si bien la Conferencia Episcopal Española (CEE), de momento no se ha pronunciado al respecto del informe del Defensor del Pueblo, antes de que este fuese entregado, los obispos españoles han anunciado la convocatoria de una Asamblea Plenaria Extraordinaria el próximo lunes 30 de octubre.

Esta, según se informa en el comunicado de la CEE, estará centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En el orden del día han agendado dos puntos: en primer lugar el estudio y valoración del informe presentado este viernes por Gabilondo (el mismo Defensor estaba invitado pero no puede acudir por motivos familiares) y, en segundo lugar, el estudio de la solicitud de Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de la auditoría encargada por los prelados.