La Iglesia española aprueba el plan «unilateral» de reparación de abusos y pide al Gobierno respeto

«Queremos arrimar el hombro para lo que constituye este drama». Con estas palabras concluía el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, una de las cinco Asambleas Plenarias Extraordinarias que la CEE ha celebrado en su historia. En ella, celebrada el 9 de julio de 2024, se han aprobado tres documentos: líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica; en el que incluía el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos; víctimas de abusos sexuales (PRIVA) y un tercero que incluía los criterios orientadores para la reparación integral para las víctimas.

Argüello ha convertido el ataque del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un piropo, sintiéndose orgulloso de que la Iglesia dé este paso de forma unilateral. «Es nuestra toma de decisión libre, la que nos hace decir que asumimos una obligación por propia iniciativa de abrir una puerta. Claro que es unilateral», comentaba.

Dispuestos a una colaboración «leal»

De la misma forma, ha recordado que el trabajo realizado por la Iglesia es anterior al comenzado por el Gobierno, siendo ellos responsables de la totalidad de los ciudadanos, a los que hay que atender sin fines políticos.

«Estamos siempre dispuestos a una leal colaboración desde el respeto a lo que significa la Iglesia, su marco jurídico, reconocido en el marco jurídico español, en lo que corresponde a las responsabilidades propias de cada cual. El Gobierno tiene responsabilidad sobre todas las víctimas. Nosotros podemos ofrecer nuestra experiencia con las víctimas provocadas por algunos miembros de la Iglesia Católica», comentaba Argüello.

Dos de los documentos se han aprobado por unanimidad de los 67 obispos participantes y en uno de ellos se ha producido una abstención. Este, recalcaba el presidente de los obispos, es una piedra más en el trabajo de la Iglesia que «no empieza ni concluye hoy. Nos sabemos en un camino de permanente aprendizaje».

«Asumimos una obligación moral»

Tanto Argüello como el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, insistían en que estos documentos aseguran «poder encontrarnos en una misma mesa para decir que asumimos una obligación moral. Hacemos público a las víctimas que hay una puerta común abierta, por si hay una puerta privada cerrada». Con esto se referían a que, por el principio de subsidiariedad, si alguna diócesis o congregación se niega a la reparación de alguna víctima, siempre se podrá recurrir a instancias más altas para no quedar desamparada.

Para ejecutar el PRIVA, se ha creado un órgano que coordinará la respuesta. Tratará individualmente cada caso para establecer un marco oportuno y estará formado por «profesionales del mundo del Derecho, la Psicología y la Psiquiatría con un miembro de la CEE y de la Confer para facilitar las relaciones entre ellos». Serán ellos los que establezcan su propio reglamento, así como «el cauce habitual con las asociaciones, sobre todo con las que tienen experiencia en acompañamiento».

Ambos presidentes han insistido en la importancia de «cada rostro», cada individualidad, que suele pedir «discreción y lealtad». Igualmente, se han tenido en cuenta a seis asociaciones de víctimas y otras seis de acompañamiento a quienes sufren este trauma. «De esta escucha tenemos una impresión: la mayoría de las víctimas no están asociadas», sentenciaba Argüello.