El Vaticano endurece su política contra los abusos y el encubrimiento de casos

No basta con haber creado un fondo para ayudar a las Conferencias Episcopales más pobres que no pueden dotarse de las herramientas necesarias para salvaguardar a los menores. Sigue habiendo carencias trágicaseen las normas destinadas a castigar a quienes cometen abusos sexuales a menores en la Iglesia. Y las heridas siguen sangrando, para quienes las sufren, y durante demasiado tiempo.

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, dirigida por el cardenal Sean O'Malley, se ha reunido durante tres días en sesión plenaria en el Vaticano para actualizar las directrices universales dirigidas por el Papa, que deben aplicarse en todas las diócesis y en todos los organismos de la Iglesia en todo el mundo. Pero «sólo puede haber un cambio efectivo con la conversión pastoral de los líderes de la Iglesia», advirtió la Comisión Pontificia, que planteó los principales problemas críticos que aún existen hoy en la lucha contra los abusos sexuales y su prevención.

La Comisión había lanzado una encuesta mundial sobre los puntos más importantes en los que trabajar para elaborar directrices universales. El Vaticano recibió más de 300 respuestas y 700 sugerencias procedentes de todos los continentes. El informe se publicó el pasado mes de mayo, pero hasta 2024 se puede seguir contribuyendo. Mientras tanto, se está trabajando en el material disponible. Y ese material, según se desprende entre los enterados, siempre está caliente.

Los tres objetivos de la comisión

De hecho, el mensaje central de la Comisión Pontificia al final de la Sesión Plenaria fue el siguiente: «Cada día parecen aparecer nuevas pruebas de abusos, así como de encubrimiento y mala gestión por parte de los dirigentes de la Iglesia en todo el mundo. Mientras que algunos casos reciben una gran atención de los medios de comunicación, otros son poco conocidos –si es que se conocen–, lo que deja a muchas personas sufriendo en silencio».

En el grupo de trabajo, formado por expertos en psicología, derecho, teología y pastoral, se persiguen al menos tres objetivos. El primero: la formación de los miembros de la Iglesia sobre este tema candente, incluida la cúpula de la Curia. El segundo: el desarrollo de directrices y herramientas para prevenir y responder a los abusos. La tercera: colaborar con las autoridades civiles para abordar el problema de los abusos sexuales a menores.

Desde amplios sectores de la Iglesia, la Comisión pide una mayor colaboración para alcanzar estos objetivos: «Oímos y nos inquietan los informes sobre las acciones de personas en puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia, sobre el sufrimiento de los afectados, así como el trágico legado de comportamientos despreciables asociados a movimientos laicos y de otro tipo, y a muchos ámbitos de la vida institucional de la Iglesia».

Implicar a los cardenales

Una medida disuasoria contra este tipo de comportamientos es actualizar los procedimientos por los que se procesa a los autores. Deben revisarse las normas de derecho canónico y los procedimientos burocráticos que deben implantarse contra los autores. En los próximos meses se intensificará la colaboración con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, precisamente para superar estos escollos.

La otra estrategia será aumentar la implicación del Colegio Cardenalicio (que se reunirá en Consistorio el 30 de septiembre), especialmente de los nuevos creados por el Papa Francisco. La Comisión presidida por O'Malley pide a los cardenales un seguimiento más valiente del clero del que son responsables. «Pedimos a todos los unidos en el Sagrado Colegio que recuerden a las víctimas y a sus familias y que incluyan, como parte de su juramento de fidelidad, el compromiso de permanecer firmes en el honor de los afectados por abusos sexuales, uniéndose a ellos en la búsqueda común de la verdad y la justicia. Todos los obispos y superiores religiosos deberían hacerse eco de este compromiso».

También en el Sínodo

En el Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre, habrá que dar un paso más para centrar la atención en la cuestión de los abusos a menores. La Comisión Pontificia lo considera un momento importante para promover estos esfuerzos de «colaboración» con las Iglesias locales. A los obispos que están a punto de debatir sobre Sinodalidad en el Vaticano, el grupo anti-abusos hace este llamamiento: «Aunque a veces pueda parecer un conjunto desalentador de cuestiones que hay que abordar, por favor, uníos para afrontar el reto, de modo que se pueda hacer frente a la amenaza que suponen los abusos sexuales para la credibilidad de la Iglesia en el anuncio del Evangelio».

Esto es para no anular los logros concretos de la Comisión querida por el Papa en 2014, incluyendo las primeras directrices publicadas en 2019, que proporcionan orientación sobre cómo prevenir y responder a los abusos sexuales a menores; el fondo de compensación a las víctimas de abusos, creado en 2015 para proporcionar apoyo financiero a las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero. El fondo ha proporcionado más de 10 millones de euros a víctimas de abusos en todo el mundo. Y, sobre todo, la colaboración con las autoridades civiles para investigar los casos de pederastia. Un paso que ha contribuido decisivamente a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la Iglesia católica en este delicado ámbito.