España es el séptimo país europeo con menor incidencia de suicidios

El demoledor dato de suicidios en España desvelado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística cayó como un jarro de agua fría. Un total de 3.941 personas se quitaron la vida en nuestro país en 2020, 270 más que en 2019. Se trata de la mayor cifra desde que hay registros y un escenario que para los expertos en salud mental obliga a tomar medidas destinadas a tratar y combatir los trastornos –si bien más contundentes y técnicas que las recientemente anunciadas por el Gobierno–. Sin embargo, y pese a la gravedad de la situación, España sigue siendo una de las naciones con la tasa más baja de toda Europa, tal y como se desprende de un vistazo a los datos continentales.

Nuestro país es el séptimo a nivel europeo con menor incidencia de suicidios por cada 100.000 habitantes. 7,76, concretamente, un indicador que pese al aumento registrado el pasado año se ha mantenido relativamente inalterable en los últimos años. Solo Albania, Grecia, Macedonia del Norte, Italia, Bosnia-Herzegovina y Eslovaquia, por ese orden, tienen una tasa aún más baja, mientras que Reino Unido, Bulgaria, Rumanía, Irlanda y Portugal se sitúan un escalón por encima.

España queda, por tanto, muy alejada de países como Lituania (la incidencia más alta de Europa, con 23,50 suicidios por 100.000 habitantes), Bielorrusia (22,76) y Ucrania (21,19), pero también de otros como Francia (12,52), Alemania (10,90) o los países escandinavos.

Aunque en algunos vecinos europeos las tasas bajaron en 2020, lo que el profesor de Psicología en la Universidad CEU San Pablo Amable Cima atribuye a una «cuestión multifactorial», este especialista en salud mental asegura que el aumento en España respecto a 2019 revela un «fracaso como sociedad» que requiere «mayor prevención primaria, recursos y dotación presupuestaria» para paliarlo.

«Es necesario que la intervención clínica y terapéutica sea más una cuestión proactiva que reactiva y se haga énfasis en ello tanto en colegios como en empresas», subraya. «Esto implica, en primer lugar, un cambio en la sociedad, que los trastornos o problemas mentales dejen de estar estigmatizados y se dejen de ver como algo contagiable. Para ello, debe acometerse una buena prevención primaria en la población desde la infancia. Y esto se refleja en el hecho de que el suicidio sea la primera causa de muerte en adolescentes».

Iniciativas insuficientes

Cima recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 20 por ciento de la población mundial desarrollará un trastorno mental a lo largo de su vida, lo que en España equivaldría, aproximadamente, a unas 10 millones de personas. Se trata, por tanto, de un «problema de primer orden» que requerirá una dotación presupuestaria mucho mayor que los 100 millones de euros anunciados en octubre por el presidente del Gobierno, que en proporción corresponden a «unos 50 céntimos por habitante». «Hay pocos psiquiatras y pocos psicólogos, lo que provoca un embudo en la sanidad pública que puede demorar las citas con los expertos durante meses», señala.

Mención aparte le merece a este experto la Ley de Salud Mental tramitada por Unidas Podemos, a la que califica como una «burla» por sus conceptos tomados de «los modelos de psiquiatría de los años 70 y 80».

Pese a que resulta difícil saber hasta qué punto la pandemia influyó en la histórica crecida de suicidios del pasado año, lo que Cima tiene claro es que «se trata de una cuestión multifactorial que puede incluir problemas de carácter económico, acoso o trastornos mentales graves a los que no se encuentra otra salida que la muerte».