Dos horas en un centro de menores delincuentes: la educación como llave para la reinserción

John* observa con atención cómo su profesor arregla un circuito dañado. En un aula cercana, Paul sigue, no sin cierto esfuerzo, las explicaciones de su profesora de lengua. Fuera del edificio, George y Ringo decoran cuidadosamente una corona navideña durante su clase de jardinería. Son chavales de ambientes desestructurados, algunos sin familia ni apoyo de ningún tipo, a los que aprender un oficio puede salvarles la vida. Pero tienen otra cosa en común: han cometido delitos muy graves.

La legislación española garantiza el derecho a la educación de todos los menores, pero en el caso de aquellos que se encuentran en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales –ya sea en régimen cerrado, semiabierto o abierto–, el asunto se complica. Por eso la Comunidad de Madrid cuenta con el Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI) para asegurar que estos chavales reciben algún tipo de educación.

A través del CREI, en coordinación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se intenta materializar el acceso a a educación de los menores que cumplen una medida judicial en los centros de la Agencia para Reeducación y la Reinserción del Menor Infrantor (ARRMI). Una tarea muy dura para lo que no hay más receta que la perseverancia y la profesionalidad.

El Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Teresa de Calcuta es el más grande de estos centros y al que van los menores con delitos más graves. A medio camino entre los municipios de Valdarecete y Brea del Tajo, los bonitos murales pintados y la decoración elaborada por los estudiantes choca con las medidas de vigilancia y el personal de seguridad, que continuamente custodia los cuidados interiores de este recinto. En él conviven 120 menores, algunos de los cuales en régimen cerrado y la mayoría en semiabierto, donde estudian Formación Profesional y Programas Profesionales, Educación Secundaria y Bachillerato.

Y es que, lejos de la imagen arcaica del delincuente juvenil reformatorio, los chavales que llegan a este centro, y a pesar de la gravedad de sus delitos, demuestran predisposición por mejorar y reaccionan bien al apoyo que les ofrece el centro. «Son chavales que en los centros normalizados presentan muchas dificultades por lo que se les suele aplicar un expediente disciplinario, provocando muchísimo absentismo escolar», comenta Susana de la Fuente, subdirectora del área de coordinación de la ARRMI.

«No podemos decir a un chaval que, si tu padre era un delincuente, tú también tienes que ser un delincuente; tienes posibilidades de cambiar tu vida y está en tu mano. Por eso desde el CREI damos los medios que, una vez finalice, su medida, los menores se integren de la mejor forma en la sociedad», asegura De la Fuente.

Niveles de primaria

Producto de este absentismo es el bajo nivel con el que llegan al centro. Rut Vicente, directora del CREI Sagrado Corazón de Jesús, explica que los menores llegan con niveles de primaria, además de muchísimas deficiencias en su educación: «Lo que prácticamente les vincula a todos son sus carencias en cuanto a sus propias herramientas de aprendizaje».

«Son muy poco autónomos. Carecen de la competencia de aprender a aprender, lo que nos obliga a estar muy encima de ellos. Si empiezas por ahí, que es la base, todas las deficiencias vienen detrás», señala.

De la Fuente incide en la importancia de acostumbrar a los menores a aceptar el fracaso: «Si un chico llega al CREI y quiere estudiar peluquería, aquí tenemos un grupo que puede hacer peluquería. Pero también tienen que saber que, si tienen que pedir una matrícula fuera, quizá se queden sin plaza y tengan que orientarse a otra cosa. Para eso también les preparamos».

Al visitar las distintas aulas, sorprende el nivel de detalle y cuidado que ponen los menores en sus tareas. Uno de ellos, del módulo de automoción, nos comenta que le gustaría estudiar electromecánica cuando salga porque el futuro es el coche eléctrico. Otro, de peluquería, está bastante contento y no le importaría dedicarse a ello a corto plazo: «Aunque todavía no me dejan las tijeras», comenta con sorna. Por eso sorprende que algunos de estos chavales sean responsables de homicidios o delitos sexuales.

Las familias, clave

José Antonio Morales, director del Teresa de Calcuta, destaca que el perfil habitual suele provenir de «familias desestructuradas, absentismo escolar, algún problema psicológico…», por eso pone especial atención a la configuración de los grupos para reducir el riesgo de situación de conflicto.

«No se puede generalizar», explica De la Fuente, «pero sí es verdad que tenemos un alto porcentaje de chavales que han tenido una falta de atención por parte de los familiares o de las instituciones, que no han actuado al debido tiempo. Todo eso influye en la comisión del delito». Por eso desde el CREI mantienen contacto constante con los padres, salvo que la tutela lo impida, informándoles de las evaluaciones y de la evolución escolar: «Muchas veces nos dicen que los chicos están muy bien durante el tiempo que están en el centro, pero tenemos que trabajar en el foco, que es la familia».

Sin embargo, Diego López, director de la ARRMI, destaca que los delitos más graves son anecdóticos. De hecho, la Comunidad de Madrid es la región de España que presenta las tasas más bajas en cuanto a criminalidad juvenil. «De cada seis medidas judiciales que ejecutamos en la Comunidad, cinco son del ámbito abierto –no privativas de libertad–», comenta.

Precisamente, no tener un gran número de alumnos permite una ratio inferior y una atención más personalizada, una de las claves de este sistema. «Estos chicos, aparte de la intervención en el ámbito escolar, tienen un programa de intervención más amplio formado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores…», comenta Morales, quien detalla que, al llegar al centro «se detectan qué factores de riesgo tienen y se trabaja sobre ellos para que el chico, cuando salga de aquí, lo haga en una situación que permita su reinserción».

La reinserción, en el centro de todo

Más allá del éxito del alumno en la consecución de las enseñanzas, que dependen de la medida judicial que tengan impuesta –a más condena, más tiempo para actuar–, el objetivo final es la reinserción de estos menores en la sociedad y que sigan estudiando.

«Con el modelo de intervención socio-educativo que estamos implantando, tenemos una tasa de reinserción del 90 %.», destaca el director de la ARRMI. 

De hecho, durante el año 2020 –en plena pandemia–, 440 jóvenes infractores participaron en acciones formativas, formalizándose 214 contratos de trabajo. Y, lo que es más importante, estos chicos vuelven a formar parte del tejido social completamente adaptados.

• Los nombres de los menores han sido modificados para preservar su intimidad