Qué dice la ley de Ayuso que pretende blindar Madrid ante la LOMLOE

La Asamblea de Madrid va a aprobar este jueves la Ley Maestra de Educación, una norma que pretende mermar los efectos de la LOMLOE y que ha provocado las críticas de los socialistas madrileños, que acusan al Gobierno regional de no haber contado con la comunidad educativa, algo que el consejero Ossorio ha negado. Pero, ¿qué dice esta ley?

Cuesta entender el asunto, precisamente porque el sector político y educativo criticó en su momento la falta de consenso y de plazos a la hora de redactar la propia LOMLOE, pero las denuncias a la ley de la Comunidad van dirigidas a su «opacidad».

«Si la ley prospera, el Ministerio de Educación analizará artículo por artículo y, todo lo que no esté en consonancia con la LOMLOE, será objeto de recurso», señaló la diputada del grupo socialista en el Congreso Luz Martínez.

La Comunidad, por su parte, calificó de «chiste» estas acusaciones y recordó que esta ley se ha tramitado por el procedimiento ordinario en la Asamblea, con el visto bueno de los expertos y el periodo de presentación de enmiendas.

¿Por qué resulta tan polémica esta ley? Se trata de un blindaje de la Comunidad para garantizar ciertos aspectos que la Ley Celaá pretende modificar, especialmente en lo relativo a la libertad de elección de centro y el nuevo sistema de evaluación de Secundaria y Bachillerato.

Libertad de elección y educación concertada

Esta Ley dispone que la Comunidad «garantiza el derecho a la educación básica y gratuita y posibilita la libertad de elección de centro docente en el marco de la programación general de la enseñanza».

Así, mientras que la LOMLOE elimina la «demanda social» como elemento a tener en cuenta en la elección del centro, la Ley Maestra garantiza esta libertad «mediante el establecimiento de criterios que no limiten la admisión por lugar de residencia». Además, esta norma también puntúa otras circunstancias familiares.

Además, la Ley Maestra señala que «goza de especial trascendencia la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro escolar de sus hijos, por lo que supone en cuanto a la admisión de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, ya sean públicos o privados concertados».

Alumnado con necesidades educativas especiales

La Consejería establece que el alumnado con necesidades educativas especiales será escolarizado en los centros ordinarios. Solo cuando las necesidades educativas de los alumnos no puedan ser adecuadamente satisfechas en estos centros, «teniendo en cuenta el interés superior del menor, con el dictamen previo correspondiente y previo acuerdo con la familia», se escolarizará a los menores en centros específicos.

Evaluación y promoción

Es uno de los puntos más polémicos. La Ley Celaá establece que los alumnos podrán pasar de curso en Secundaria con asignaturas suspendidas e incluso recibir el título de Bachillerato una pendiente en función de lo que decida el equipo docente.

La Comunidad, en cambio, matiza que «impulsará la realización de evaluaciones externas dirigidas a mejorar la calidad, la equidad, y la excelencia de la educación».