Qué comer o cómo hablar: las imposiciones del Gobierno más intervencionista de la democracia

Nos dicen qué comer, el colegio al que tienen que ir nuestros hijos, qué juguetes tienen que utilizar, dónde rezar… La deriva intervencionista de este Gobierno resulta propia de regímenes autoritarios más que de una democracia moderna.

Decía Pedro Sánchez en su discurso de investidura que el proyecto del gobierno de coalición estaba «indisolublemente unido» a la libertad. «La libertad, no para hacer nuestro capricho, sino para no estar sometido al capricho de nadie. Libertad para disponer plenamente del propio destino, para expresarse, para asociarse, para vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores y nuestras propias creencias».

Es imposible saber si el madrileño tenía algún tipo de convicción en sus palabras o era pura charlatanería. Una de sus primeras decisiones fue la de colocar al frente de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado, que hasta entonces había sido ministra de Justicia, una decisión que provocó «sorpresa» y «estupefacción» entre jueces y fiscales que se vio como una maniobra para tomar el control del procés. Apenas unos meses después, la llegada del coronavirus abriría el melón de los decretazos.

Las medidas adoptadas al comienzo de la pandemia, como los estados de alarma a la carta o las restricciones de movilidad, tenían un dudoso encaje legal. Tal fue el enredo que el Tribunal Constitucional tumbó los dos confinamientos impuestos por el Ejecutivo al considerarlos ilegales por la falta de control parlamentario.

A Sánchez no se le puede culpar de la pandemia, que obligó a acortar plazos legislativos por la urgencia de la situación, pero sí de los tics antidemocráticos heredados por una forma de gestionar absolutista e intransigente. En lo que lleva de legislatura, este Gobierno ha duplicado el número de decretos leyes –normas sin intervención parlamentaria previa– aprobados en los siete años que estuvo Rajoy al frente del Ejecutivo.

Barra libre de perspectiva de género

En su afán por acaparar protagonismo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, provocó bastantes encontronazos con la vicepresidenta, con los abogados del estado, con grupos feministas; en definitiva, con cualquiera que se atreviera a criticar sus propuestas. Pero un asunto especialmente controvertido fue el de la imposición de su agenda en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde hace unas semanas, todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener registrado un plan de igualdad bajo sanciones de entre 750 y 7.500 euros. Esta medida, por cierto, ha sido un completo fracaso y tan solo un quinto de las empresas obligadas tenía dicho documento.

Aprovechando la aprobación de la nueva ley educativa, el Gobierno empantanó los decretos curriculares que establecen las enseñanzas mínimas con cientos de menciones a la perspectiva de género en materias tan variopintas como las Matemáticas, Educación Física o Geología.

Una Historia atada y bien atada

La LOMLOE es una de las leyes educativas más discutidas por su sectarismo y adoctrinamiento. Además de eliminar el concepto de «demanda social» para la oferta de la concertada y reducir Religión a la menudencia, el Gobierno ha impuesto unos contenidos completamente partidistas que han llamado la atención del Consejo Escolar; advertencias que, por supuesto, fueron desoídas.

En la asignatura de Historia de Bachillerato, quizá el caso más llamativo, encontramos joyas como que la «memoria democrática» se ha de interpretar «no solo como el efecto directo de la experiencia histórica de la Transición, sino como resultado del complejo camino que el constitucionalismo ha recorrido desde 1812».

Educación también sugiere emplear «el rigor metodológico de la historia» en el estudio «de las grandes reformas estructurales que acometió la II República, identificando sus logros y las reacciones antidemocráticas» que derivaron «en el golpe de Estado de 1936» y aproximarse «al marco conceptual del estudio de los sistemas totalitarios y autoritarios a través de la interpretación de la evolución del Franquismo».

Sin vino, sin carne, sin refrescos

Esta semana conocíamos que el Ministerio que dirige Carolina Darias propondrá eliminar las bebidas alcohólicas de los menús del día para fomentar un modelo de alimentación más saludable. Una nueva intromisión en las libertades individuales.

Pero si hay una cartera especialmente fiscalizadores en los hábitos de los españoles es Consumo. Las cruzadas personales de Alberto Garzón no han salido baratas ni para el erario ni para algunos sectores estratégicos de nuestro país. Su ataque a la industria ganadera puso en pie de guerra al sector y el propio Luis Planas tuvo que intervenir.

Antes, Consumo ya había prohibido la publicidad de alimentos y bebidas «no saludables» dirigidas a público infantil y sus propuestas para reducir el consumo de carne mientras se conocía el festín carnívoro que disfrutó en su boda fueron el blanco de las críticas.

Colores opresores

Este Ministerio gastó también una importante cantidad en promocionar una campaña para luchar contra «la opresión del rosa», un color que «oprime y reprime a las niñas». También lanzó un seminario contra los «estereotipos sexistas en publicidad» y una «huelga de juguetes».

De momento, Garzón ha conseguido firmar con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) un código de autorregulación por el que se prohíba usar la imagen de las niñas de forma discriminatoria o vejatoria en los anuncios dirigidos a menores. En realidad, se trata de hacer una publicidad «igualitaria» sin que el rosa o el azul se identifiquen con el sexo de los menores.

Prisión por rezar

El Ejecutivo introdujo una reforma del Código Penal que establecía penas de entre tres meses a un año de prisión contra aquellas personas que «acosen», según cita el texto, a las mujeres frente a las clínicas abortistas. Estos acosadores son en realidad miembros de asociaciones de apoyo a las madres o grupos provida que, en la mayor parte de los casos, acuden a rezar frente a estos centros.

Esta medida contrasta con algunos puntos de la ley del aborto como la eliminación del consentimiento paterno o la creación de un registro de médicos objetores que se nieguen a realizar esta práctica de acuerdo a sus creencias personales.

Espionaje a independentistas

Más allá del intervencionismo del Gobierno, el espionaje de Pegasus ha abierto una nueva dimensión en cuanto a falta de garantías democráticas. Un informe de Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha revelado docenas de escuchas a líderes independentistas.

Aunque inicialmente se adjudicaron a Rajoy, ABC ha revelado que solo una de las 37 intervenciones ocurrió durante el mandato del popular. Aunque fuentes del CNI han reconocido cierto «descontrol», Pedro Sánchez ha asegurado que inteligencia ha obrado «atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley». Si finalmente se demuestra que el presidente conocía estas escuchas, podría abrirse una crisis de Gobierno sin precedentes.