Auge y caída de Tavistock: Reino Unido desmanteló su 'barra libre' de cambio de sexo tras mil denuncias

Cuando el pasado 7 de octubre, la ley trans superó su primera prueba en el Congreso tras votar la Cámara Baja en contra de las enmiendas presentadas por la oposición, muchos echaron la mirada hacia la cercana Reino Unido, que no para de generar noticias desde la caída de Boris Johnson y la muerte de Isabel II.

Sin embargo, en este contexto no tenían tanto que ver ni las dimisiones de los primeros ministros ni los decesos de monarcas, sino que había que mirar un poco más al norte de Londres para encontrarse con Tavistock, una historia de auge y caída de la clínica que se convirtió en una barra libre de sexo hasta ser definitivamente desmantelada. Durante aquella orgía de bloqueadores de pubertad y otros tratamientos, se contabilizaron más de mil denuncias por parte de las familias afectadas.

El testimonio de Keyra Bell, una joven trans arrepentida, fue la gota que colmó el vaso. Los tabloides británicos, tan necesitados de una gota de gasolina para encender la mecha, recogieron un caso que destapaba el gran escándalo: el Sistema Nacional de Salud inglés fue condenado por aconsejarla, primero, y suministrarla tratamiento hormonal después, sin una correcta evaluación psicológica previa.

La joven dijo estar confundida cuando tomó la decisión y una vez iniciado el tratamiento, se dio cuenta que el cambio de género no resolvería sus problemas. El Tribunal Supremo dispuso que la sanidad pública no le ofreció la suficiente información de lo que se disponía a hacer ni la previnieron de las irreversibles consecuencias acaecidas tras las intervenciones.

Contagio social

Cuando Bell acudió a los tribunales denunciando que no había sido cuestionada lo suficiente por su decisión –a los 16 años– de tomar la medicación para su transición de mujer a hombre, algunos se preguntaron cuántos más arrepentimientos habría.

Las denuncias acumuladas superarían el millar pero, ¿cuántos tratamientos se dio orden de comenzar en los días de vino y rosas de la clínica?

En julio de 2019, se daba cuenta de que la derivación de menores a Tavistcock continuaba una tendencia ascendente, sobre todo de niñas. El número total de derivaciones entre 2018 y 2019 solo en Inglaterra fue de 624 niños y 1.740 niñas. Según datos recopilados por la Fundación Amanda, en menos de una década se produjo un aumento del 1.460 % en las derivaciones de niños y hasta del 5.337 % en las niñas.

Además, el 80 % de las derivaciones a este centro era para la franja de edad de entre 12 y 17 años, según datos de Sunday Times, demostrándose lo vulnerables que son etapas como la pubertad y la adolescencia, donde es muy habitual el rechazo al cuerpo.

Una situación que, hasta que llegaron los escándalos y las denuncias, parece encuadrarse en lo que se entiende por contagio social, y que provoca un efecto dominó.

Amenaza sobre España

A pesar de que en nuestro país tenemos la magnífica oportunidad de tomar nota de lo que ha sucedido más allá de nuestras fronteras, la norma salida desde el Ministerio de Igualdad demuestra que el sentido común ha sucumbido ante la ideologización.

De nada ha servido el mediático caso de la clínica británica para que Irene Montero y su departamento vayan incluso más allá con su ley trans.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la llamada «autodeterminación» de género, una cuestión que ha generado serias discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos y en la que Montero se ha terminado imponiendo al consentir que un cambio de sexo se pueda llevar a cabo sin informe médico preceptivo ni tratamiento hormonal.

Además de no necesitar informes, el texto prevé que el cambio de sexo se pueda realizar a partir de los 16 años y sin necesidad de permiso parental. Esto, para más inri, choca con el dictamen emitido en abril por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que proponía elevar dicha edad a los 18 años.

En cuanto al llamado «cambio de sexo registral», que abre la puerta a que los menores de entre 12 y 14 años puedan modificar su género sobre el papel, el CGPJ también pedía subir la edad a la franja de entre 14 y 16, siempre y cuando (y al contrario de lo que establece la nueva ley) se cuente tanto con la autorización de los representantes legales como de una aprobación judicial.