Abogados y víctimas, desprotegidos por la ley del 'solo sí es sí': «Sabíamos que sería perjudicial»

El terremoto provocado por el aluvión de rebajas de condenas a agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’ ha dejado perpleja a la sociedad civil. No solo por el paradójico efecto contrario en los tribunales al supuesto objetivo de la ley, sino por la reacción del Ministerio de Igualdad, que ha rehusado hacer cualquier tipo de autocrítica para, en su lugar, culpabilizar directamente al «machismo» de los magistrados.

Jueces, abogados, víctimas de agresiones e incluso algunos miembros del Ejecutivo, además del grosor de la ciudadanía, han acorralado a Irene Montero conforme el número de rebajas iba aumentando y la titular ministerial (con la anuencia del presidente del Gobierno) mantenía cerrilmente su estrategia de defensa en paralelo.

Preguntados por este periódico, dos abogados penalistas y una asociación de víctimas de agresiones sexuales han mostrado su enfado por los estragos acumulados desde el martes. Todos ellos subrayan con vehemencia los numerosos avisos que recibió el Ejecutivo al respecto por parte de diversos organismos, colectivos y asociaciones, sin que sus impulsoras tomaran medidas para evitarlo.

Desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt), una organización sin ánimo de lucro con sede en Valladolid, una de sus portavoces advierte de la sensación de desamparo que la oleada de rebajas ha infundido en las mujeres a las que la entidad ha proporcionado ayuda. «Los procedimientos judiciales son largos y costosos para las víctimas, no siempre terminan de forma favorable para ellas. Y que, tras una sentencia de condena con una periodicidad concreta, ahora le digan a la agredida que la pena se reduce, es algo que genera un sentimiento de desprotección enorme», trasladan.

La asociación ve algunos «aciertos» en la ley, sobre todo a nivel de «prevención y educación», pero eso no es óbice para lanzar un reproche a Igualdad por su desdén hacia las advertencias sobre lo que podría pasar: «Como asociación estábamos seguras de que perjudicaría a las víctimas», subrayan desde una entidad que cree que ahora «las medidas de protección más inmediatas deben ser contundentes».

No tienen buena opinión sobre esta ley, ni tampoco sobre la reacción de Montero, los dos letrados consultados por El Debate. «[El goteo de rebajas] es algo que todos los juristas veíamos venir. Y ya no se puede evitar, ni siquiera derogando o reformando esta ley, porque ya ha entrado en vigor y, por tanto, seguirá siendo una ley más favorable para todas las condenas anteriores», explica José María de Pablo, quien ha puesto en duda varias veces la solidez del texto a través de diversos hilos en Twitter.

Desde la perspectiva jurídica no es una buena reforma porque relativiza e iguala una acción. El derecho penal tiene que primar por su rigor y concisiónBeatriz UriarteLetrada de Ospina Abogados

Sobre la manera en la que podría haberse evitado, De Pablo, socio del área de Derecho Penal del Bufete Mas y Calvet, es claro: «Algunas reformas penales que rebajan penas incluyen una Disposición Transitoria que limita (no evita, pero si limita los casos) la revisión de condenas a aquellos casos en los que la pena queda fuera de la nueva horquilla. Aunque este tipo de mecanismos son de dudosa constitucionalidad, porque la retroactividad de cualquier norma penal más favorable es un principio general del Estado de Derecho, hasta ahora se han venido aplicando con normalidad. La propia propuesta de ley que deroga el delito de sedición, por ejemplo, incluye una disposición de este tipo».

Más crítica, incluso, respecto a la legislación se muestra Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, quien no considera el texto «necesario» ni «idóneo»: «Desde la perspectiva jurídica no es una buena reforma porque relativiza e iguala una acción. El derecho penal tiene que primar por su rigor y concisión. Por ello, no creo que sea una reforma que proteja a las víctimas más y que tampoco dé más garantías a los acusados», comenta.

Igual de molestos se sienten Uriarte y Adavasymt con el señalamiento de Montero a los jueces. «Mi opinión es pésima. Una ministra no puede decir que la justicia se aplica con sesgo ideológico. Eso es no decir la verdad y dañar el buen trabajo de la mayoría de nuestros jueces», manifiesta Uriarte. Una opinión en consonancia con la de la asociación vallisoletana, desde la que aunque se considera que «falta formación y sensibilización sobre violencia hacia la mujer dentro del poder judicial», añaden que eso «no resta responsabilidad al Ministerio de Igualdad por haber abierto la puerta a que esta rebaja de penas se produzca. Si los jueces lo aprueban es porque la ley lo permite».