Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero un 5,7 % con el Gobierno «verde» de Sánchez
Un informe del Observatorio Sostenibilidad vierte críticas sobre el Ejecutivo por, entre otras cosas, no aprovechar los fondos de la UE para descarbonizar la economía
La emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado en España un 5,7 % en el año 2022. Esto supone que fueron 305 millones de toneladas de de CO2 equivalentes, superando a las 288,6 del año anterior, según el último informe 'Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España' del Observatorio Sostenibilidad. Unas cifras que contrastan con las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez, calificado por él mismo como el Ejecutivo «más ecologista en la historia de nuestro país».
Si lo comparamos con los datos del año 1990, entonces las emisiones eran de 290 millones de toneladas de CO2 equivalentes, un número inferior al de este último año. Sin embargo, durante la primera década de los 2000 sí que se registraron cifras más altas, como en 2005, cuando ascendieron a 442 millones.
El informe cree que las medidas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia ecológica –con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al frente– son insuficientes. Resalta que los aumentos de 2021 y 2022 ya observados «obligan a aumentar los esfuerzos de descarbonización de aquí a 2030 y permiten aumentar la ambición de los objetivos de reducción de la Ley de Cambio climático para conseguir una economía descarbonizada y más competitiva».
Desde el Observatorio condideran que se están desaprovechando los fondos Next Generation que ofrece la Unión Europea cuando podrían utilizarse para «descarbonizar la economía y permitir una recuperación verde baja en carbono». Ponen cono ejemplo impulsar la energía fotovoltaica en tejados en pequeñas instalaciones, naves industriales o centros comerciales. «Debe ser potenciada y permitirse el balance neto para que la población se beneficie de esta tecnología y así evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio».
De igual forma, el documento también recomienda que las instalaciones fotovoltaicas sobre el territorio deben de realizarse sobre zonas mineras, vertederos, escombreras y utilizando otras zonas antropizadas como infraestructuras lineales, carreteras, autopistas o invernaderos ya consolidados, que «posibilitarían una implantación rápida y sin conflictos». Una mayor penetración de fotovoltaica permitiría, según refleja el informe, «eliminar parte de la eólica con mayor impacto sobre la biodiversidad y mayor contestación social».
Aumento de la quema de carbón
El estudio refleja que las emisiones sujetas al Comercio Europeo de Emisiones (ETS, en sus siglas en inglés) supusieron un 32 % del total. Por su parte, los sectores difusos representaron un 67 % de las emisiones totales, y la aviación un 0,7 %, según los datos preliminares.
Algo tan contaminante como la quema de carbón, lejos de disminuir, aumentó un 60 % para la generación eléctrica, aunque representa una fuente «marginal», a diferencia del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado, que creció un 61 % en 2022, a pesar de los altos precios provocados por la invasión de Rusia a Ucrania.
Por su parte, la producción hidráulica disminuyó un 40 % a causa de la sequía, la eólica creció un 1 % y la fotovoltaica un 33 %. La eólica evitó la emisión en 2022 de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente. Por gases, el informe señala que el CO2 representa un 80 % aproximado, un 14 % el amoniaco y 6 % el N2O y el resto HFC, PFC o SF6.
El estudio advierte de que es «especialmente negativo no asignar nueva potencia de energía termosolar, que es gestionable, en la última subasta realizada por el Gobierno, por el límite del precio que impide una mínima rentabilidad a las empresas del sector». «Parece que se prefiere pagar mucho más por el gas natural importado, que garantizar un precio a la termosolar que garantice amortizar el coste de su instalación y reducir el coste, como ocurrió con la eólica y la fotovoltaica», critica el informe.