Las mujeres trans tendrán preferencia sobre los hombres trans en la integración laboral

Algo más de 20 días después de la aprobación definitiva de la ley trans en el Congreso de los Diputados, se continúan desgranando los puntos de esta controvertida norma. Los más sensibles son, obviamente, los que ya hemos tratado con anterioridad en El Debate, como la autodeterminación de género –piedra angular de la ley–, gracias a la cual no se necesita ningún tipo de informe médico o psicológico para proceder al cambio de género.

De igual forma, el texto permite a los menores de 16 y 17 años cambiarse de género sin permiso paterno, algo que puede generar problemas en los senos familiares y efectos irreversibles en los cuerpos de los menores. Para el caso de los menores de 12 y 13 años, solo será necesaria la intervención del juez y los menores de 12, por su parte, podrán cambiar de sexo en el DNI pero no en el registro.

Pero la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero va más allá y llega a muchos más ámbitos. Es el caso de las nuevas obligaciones para las empresas de más de 50 empleados, que deberán contar con un protocolo específico para «evitar la discriminación de los trabajadores que sean lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y sus familias».

Todo ello se expresa en el artículo 55 del texto, titulado «integración sociolaboral de las personas trans». En él se detallan varias medidas, como la realización de diferentes campañas de concienciación o llevar a cabo un constante monitoreo de la evolución de la situación laboral de las personas trans.

Según explican desde el bufete de abogados Cuatrecasas, «a grandes rasgos, cualquier decisión laboral que afecte a una persona con una identidad sexual autodefinida deberá contar con una justificación objetiva clara, so pena de ser declarada nula por discriminación».

De igual manera, señalan que esto supondrá un esfuerzo extra a las empresas, que deberán «revisar y adaptar el plan de igualdad e incorporar a los protocolos contra el acoso y los canales de denuncia por violencia sexual».

Pero una de las medidas más controvertidas está recogida también en el segundo punto, que es la que supone la emisión de subvenciones «que favorezcan la contratación de personas trans». Con esto, se equipara esta condición a la de, por ejemplo, quienes tienen algún tipo de minusvalía, algo que ha sido criticado en redes sociales por muchos miembros de la comunidad LGTB, que reclaman que se les deje de tratar como si fueran discapacitados.

Discriminación entre los propios trans

Pero no hay que dejar pasar el tercer apartado de este artículo. Y es que en él se destaca que en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación «se incluirá expresamente a las personas trans». Hasta aquí, todo en la línea de lo que se venía expresando en la ley.

Sin embargo, continúa: «con especial atención a las mujeres trans». Este añadido abre una discriminación entre el propio colectivo trans, y es que los hombres que han transicionado a mujer serán 'premiados' con una atención especializada con respecto a las mujeres que han cambiado su género a hombres.

Las feministas, divididas por la ley

El pasado 8-M, Día de la Mujer, el feminismo escenificó una evidente división en su seno provocada fundamentalmente por dos leyes: la trans y la del 'solo sí es sí'. Y es que buena parte de las mujeres consideran que la autodeterminación de género las perjudica.

Teresa Nevado, presidenta de la Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista, asegura que «es reaccionaria y borra a las mujeres». Argumenta que, en la medida en que no se toma el sexo como diferencia «no se pueden implementar políticas de igualdad». Además, recalca que es reaccionaria «al estilo moderno progresista, que consiste en que una mujer es quien decide que lo es, lo que acabará nublando las políticas de igualdad, por no hablar del problema que puede suponer en los adolescentes».