¿Ha cometido Ana Obregón un delito al obtener un bebé por vientre de alquiler?

El caso Obregón continúa copando la prensa, las conversaciones y el panorama político. La decisión de la actriz y presentadora de acudir a Estados Unidos a contratar un vientre de alquiler ha generado revuelo en nuestro país debido a la avanzada edad de Obregón para tener un hijo –68 años– y al método utilizado, que es ilegal en España.

Se ha reabierto, por tanto, un tema polémico que parecía enterrado y que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse al respecto. Mientras Podemos y PSOE creen que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer, Vox no tiene «una posición tomada» y el PP abre la puerta a regularlo, siempre que sea altruista y sin pago económico.

La gestación subrogada está prohibida en España por la ley 14/2006. En 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una instrucción de la Dirección de los Registros y del Notariado abre una puerta a realizarla en lugares donde sí está permitida. Mediante la misma, los bebés nacidos en otro país pueden ser inscritos en España con normalidad, es una manera de priorizar el bienestar del recién nacido.

Desde Vilches Abogados indican que el proceso que ha seguido la actriz es «adecuado desde el punto de vista legal», por lo que no se pueden juzgar sus actos. Sin embargo, creen que la polémica pasa del ámbito legal al ético al creer que, debido a la edad de Obregón, «presumiblemente no va a compartir muchos con esa niña, algo perjudicial para ella».

Según explican, el caso de la actriz es legal porque «con una certificación o una sentencia de Estados Unidos que determine que ella es la madre puede perfectamente inscribir al bebé en España». No obstante, desde el bufete añaden que lo que tenemos que plantearnos es «si nos encontramos ante un fraude de ley que se puede llevar a cabo solamente por aquel que tenga la capacidad económica para realizar ese proceso, por cuanto que aquí en España está prohibida la gestación subrogada».

«Vulnera los derechos de las madres gestantes y de los niños»

El Tribunal Supremo (TS) fue claro hace un año, cuando publicó una sentencia en la que recordaba que esta práctica vulnera los derechos de las madres gestantes y de los niños, alegando que ambas partes son «tratadas como simples mercancías».

Según la sentencia, «ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad».

El TS va más allá y admite que el proceso pone en riesgo la salud de la madre gestante, la cual tiene que renunciar a cualquier derecho derivado de su maternidad. Con respecto a los niños, explica que son tratados como un objeto de cambio, «se cosifica», además de privarlos del derecho a conocer a sus padres.