El Tribunal de Cuentas mira con lupa el informe sobre la pandemia de Sánchez

El Tribunal de Cuentas, que aplazó la semana pasada la aprobación del informe de fiscalización, está mirando con lupa los últimos informes vinculados a los gastos derivados de la pandemia y a los contratos de emergencia firmados hace ya tres años, antes de cerrar la última fiscalización que queda pendiente después de ser rechazada en el pleno por defectos técnicos y jurídicos.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a Efe que el informe de fiscalización relativo al área económica de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos, que afecta a los contratos de emergencia cerrados por los ministerios económicos, no superó la semana pasada el proceso técnico y se «sigue trabajando».

Se trataría de un caso excepcional, el «único» informe de fiscalización que no habría sido aprobado por el pleno, que habitualmente alcanza grandes consensos en sus dictámenes. De hecho, en 2022 el pleno del Tribunal de Cuentas dio luz verde por unanimidad a 49 informes de fiscalización.

Desde el Tribunal de Cuentas se incide en que este informe, como todos, debe seguir unas directrices técnicas y jurídicas por lo que «se sigue trabajando» para cumplir estos requisitos y que pueda llevarse a pleno en próximas reuniones.

El informe analiza los contratos de emergencia cerrados por el Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Salvador Illa, por el Ministerio de Transportes, con José Luis Abalos como titular, o por los ministerios de Consumo, Agenda 2030, Agricultura o Economía y Transformación Digital.

Las mismas fuentes recalcan que este documento sigue en el Programa Anual de Fiscalización (PAF), pese a que fue advertido en varias ocasiones de que debía ser corregido.

Tras este informe se elevaría al pleno del tribunal un último documento global, que cerraría los análisis del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia vinculados a la pandemia en todas sus áreas de fiscalización.

Los informes, una vez aprobados son presentados en las Cortes para su ratificación, y en este caso, los pendientes por la covid tendrán que ser remitidos cuando se vuelva a constituir el Congreso y el Senado y todas sus comisiones respectivas.

Hasta el momento, el pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado seis informes de fiscalización relativos a la pandemia.

En mayo de 2022 avisó de diversas «incidencias de ejecución» en 11 contratos de emergencia para el suministro al Ministerio de Sanidad de mascarillas y material sanitario, dentro de un paquete de 73 contratos.

Entonces, los expedientes analizados alcanzaron los 551 millones de euros en su totalidad, de los que 538 millones fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

El Tribunal de Cuentas alertaba en ese informe de verificaciones «insuficientes» sobre la capacidad de producción y suministro y dudaba de la «solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias».

No obstante, en ese informe el organismo justificaba que las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en un contexto de desabastecimiento global.

Otro de los informes de fiscalización aprobados por el Tribunal de Cuentas data de junio, también de 2022, y alertaba de los impagos de créditos concedidos durante la pandemia con el aval del ICO que deberían ser también fiscalizados en el futuro.

El tribunal también aprobó otro documento centrado en las ayudas sociolaborales y de la Seguridad Social y concluyó que el coste medio por beneficiario de cada ayuda se ajustó a los criterios de razonabilidad económica.

Asimismo, en julio este organismo dio luz verde a un informe que fiscalizaba los contratos de emergencia firmados por los ministerios del área político-administrativa del Estado y concluyó que había «deficiencias excepcionales» en la adjudicación en una decena de ministerios, aunque destacó que los gestores públicos se vieron obligados a adquirir productos higiénico-sanitarios en una situación muy difícil.

El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado y su estructura está compuesta por la presidenta, el pleno, la comisión de Gobierno, las secciones de fiscalización y de enjuiciamiento, entre otras.

El pleno, por el que deben pasar todos los informes para ser aprobados, está compuesto por doce consejeros de Cuentas, uno de los cuales es la actual presidenta, Enriqueta Chicano, y el fiscal del Tribunal, Manuel Martín-Granizo.