Las tiendas de mascotas temen la ruina con la nueva ley de bienestar animal: «Es un problema ideológico»

El próximo 29 de septiembre entra en vigor la controvertida ley de bienestar animal que tanta polvareda ha levantado. Tanto los dueños de mascotas como los veterinarios deberán adaptarse a una nueva situación, pero otros de los grandes afectados serán los propietarios de tiendas de animales.

A pesar de que estos tienen un año desde la entrada en vigor del texto para ajustar sus negocios a lo que se estipula en la norma, prevén que esto puede suponer el fin de las tiendas de mascotas tal y como las conocemos, pudiendo llevarlos a la quiebra en muchos casos. Y es que uno de los principales cambios es que estos establecimientos ya no podrán seguir vendiendo perros, gatos y hurones, algo que representa en torno al 30 o 35 por ciento de su facturación neta.

Josep Arnas, secretario general de la Asociación del Sector del Animal de Compañía (ASAC) comenta a El Debate que una de las principales consecuencias de esta prohibición será el cierre de tiendas pequeñas y la reducción del personal a la mitad en el caso de las grandes. Aunque destaca que intentarán agotar esos 12 meses de adaptación, el momento de aplicar la norma llegará y se ven impotentes porque lo han intentado «todo» para evitar este desenlace.

Algo que cree va a terminar fomentando exponencialmente la venta ilegal de perros a través de internet: «Se va a hundir el comercio de la calle, que es el que tiene la inspección de la comunidad autónoma, de la policía local o de Sanidad, mientras que veremos florecer en portales como Milanuncios la venta de camadas sin ningún tipo de filtro de las autoridades». Algo que, según expone, ya experimentó Austria en 2009 y cuatro años después tuvieron que rectificar «porque había aumentado esa venta ilegal de animales».

García Torres, el gran escollo

Ante la pregunta de si vislumbran un posible cambio en caso de que continúe en el poder el actual Gobierno formado por PSOE y Podemos, Arnas se muestra tajante: «Hemos contactado con todo aquel que nos ha querido escuchar, pero cuando el problema no es lógico, sino ideológico, no hay nada que hacer». Añade que hay una parte significativa del Ejecutivo, incluida la dirección general de los derechos de los animales, que lo que pretende es «que no se venda ni un solo animal».

Y pone el foco directamente sobre Sergio García Torres, responsable de esta dirección e ideólogo de la ley de bienestar animal: «Tan solo hace falta ver el currículum del señor García Torres para conocer su grandísima experiencia en el sector de los animales de compañía», ironiza. Subraya que mientras el político de Podemos «tenga concedido ese poder no podremos hacer nada».

Por contra, cree que si «desaparece este señor y las competencias vuelven a los profesionales y a una administración profesional de la calidad del Ministerio de Agricultura, podremos entendernos como lo hemos hecho con gobiernos de todos los signos», sentencia tajante.

Cabe recordar que García Torres prometió que dimitiría de su cargo si la ley salía adelante sin incluir a los perros de caza. Sin embargo, nueve meses después de que se aprobase la enmienda para excluirlos, continúa en su cargo. Según Arnas, él ha sido el principal escollo a la hora de negociar el contenido del texto con las partes afectadas: «No fuimos convocados para redactar la ley, salvo dos correos de última hora a los que respondimos con unas alegaciones que jamás fueron contestadas».

Un contrato por cada pez que se venda

Dentro de los absurdos de la ley, Arnas recuerda que con su entrada en vigor será obligatoria la identificación de los animales de compañía, algo que ya existía hasta ahora, habiendo además un registro unificado. «¿A qué viene ahora crear otro organismo? Se han inventado alrededor de ocho más como consecuencia de esta ley…», lamenta.

De igual manera, ve un disparate que haya que realizar un contrato por cada pez que se venda, y pone como ejemplo los guppies, unos peces muy conocidos en el mundo de la acuariofilia, puesto que son muy coloridos, su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproduce con muchísima facilidad: «Cuando uno pone un acuario suele comprar entre media y una docena. Valen 1,5 o 2 euros cada uno, pero según la nueva ley habrá que hacer un contrato por la venta de cada uno de ellos, como si fuese un perro».

Unos cambios que no convencen al sector y que prometen, según las propias asociaciones, acabar con los negocios y fomentar la compraventa ilegal. En cualquier caso, aunque la ley entre en vigor este mes de septiembre, aún habrá que esperar a que los establecimientos se adapten para poder hacer balance de los posibles daños que causará esta norma impulsada por el ministerio de Ione Belarra.