La presidencia española de la UE quiere que la nueva ley de medios esté aprobada cuanto antes

El proyecto de ley europea de libertad de prensa surge para atajar lo antes posible lo que Bruselas considera desinformación y delito de odio. No es una idea nueva ya que se la lleva dando vueltas bastante tiempo.

El no al proceso de paz con los terroristas de las FARC que incluía su presencia obligada en el Parlamento colombiano, el Brexit o la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 preocupó a varios dirigentes mundiales y europeos.

Angela Merkel es un claro ejemplo de ello. De hecho, fue la excanciller alemana la que pidió con más ahínco un proyecto semejante.

Esta normativa obligará a los Estados miembros a «asegurar la pluralidad y proteger la independencia de los medios frente a intereses gubernamentales, políticos, económicos o privados», explica la web del Parlamento Europeo.

La intención es loable, pero en la práctica se encuentra una gran maquinaria supranacional enfocada a observar la práctica diaria de los medios de comunicación.

Cuando así se considera, se obligará a eliminar el contenido siempre que sea considerado como desinformación, delito de odio o peligroso para la democracia.

El medio correspondiente tendrá 24 horas para dar explicaciones desde la reclamación. Si no se llega a un acuerdo o no acepta eliminarlo, podrá ser borrado de manera unilateral por la UE.

1. Desde la comisión europarlamentaria de Cultura y Educación aseguran que lo más importante es «proteger el trabajo de los periodistas» pero se obvia una realidad. Todo medio de comunicación es un negocio -mayor o menor- por lo que aislarlo de intereses económicos o privados es condenarlo a muerte.

A los medios de comunicación siempre se les ha considerado el cuarto poder y es más que conocido el posicionamiento de cada uno de ellos respecto a partidos o políticos. Existe un gran entramado en el que todo se difumina.

Por otro lado, la tendencia al oligopolio es evidente. En España dos grandes grupos mediáticos se llevan más del 80 % de la publicidad. La alemana Axel Springer es uno de los principales dominadores de los medios de comunicación en varios países.

¿Es esta la independencia que busca la Unión Europea? ¿Qué ocurre cuando, por evitar el poder en los gobiernos se lo das a manos privadas? ¿El mercado se regula solo, como se cree en ciertos ámbitos?

Lo que se pide en la ley

El proyecto de ley fue enmendado para que los requisitos de transparencia se apliquen a todos los contenidos de los medios, y no solo a las noticias y la actualidad, como proponía la comisión encargada.

Todo contenido que se encuentre alojado en medios de comunicación podrá ser censurado si así se considera. A preguntas de este medio sobre qué es exactamente desinformación no hubo respuesta clara.

Un ejemplo práctico son los medios regionales en gran parte de España. La mayoría de ellos son subvencionados por gobiernos regionales y/o locales. En el caso catalán, es aún más evidente. Muchos de ellos sostienen que Cataluña es un país independiente. ¿Es esto desinformación? Silencio por respuesta.

Bruselas dice estar muy preocupada por la falta de libertad en el mundo mediático de países como Hungría o Polonia pero, de ser ciertas las críticas, no hacen nada que no hagan otros países.

¿Se multará al Gobierno de Pedro Sánchez por haber regado los principales medios de comunicación con cientos de millones de euros con la excusa de la publicidad institucional? ¿Se condenará a la Generalidad por falsear la historia e incentivar el odio a los españoles desde los altares mediáticos regionales? Una vez más, silencio por respuesta.

Los eurodiputados han propuesto limitar la publicidad pública asignada a un único proveedor de medios, plataforma online o motor de búsqueda al 15 % del presupuesto total de publicidad asignado por esa autoridad en un determinado país de la UE. ¿Tendrá efecto retroactivo?

El periodista, en el centro

En el texto aprobado, se prohíbe toda forma de injerencia y presión sobre los medios de comunicación, como obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, acceder a contenidos cifrados en sus dispositivos y utilizar programas espía contra ellos.

Para evaluar la independencia de los medios, se quiere obligar a los medios a publicar información sobre quiénes son sus propietarios y quiénes se benefician de ellos, directa o indirectamente. También quieren que informen sobre la publicidad estatal y el apoyo financiero estatal, incluso cuando reciban fondos públicos de países no pertenecientes a la UE.

También se quiere obligar a los proveedores de contenidos informativos a alertar sobre cualquier posible conflicto de intereses y sobre cualquier intento de injerencia en las decisiones editoriales. Una vez más, dado el control y nivel de interrelación entre medios y partidos políticos en todos los países europeos, se prevé como una labor titánica no exenta de riesgos.

¿Por qué? Porque sin una voluntad férrea, una cierta capacidad intervencionista y un sistema de multas capaces de doblegar la voluntad de determinados gobiernos, una planificación semejante es muy difícil de conseguir.

La misma comisión del Parlamento reconoce que no existe en la actualidad un sistema de multas ya que esperan que los gobiernos nacionales colaboren en dos ámbitos.

Primero, adoptar la legislación nacional a la europea para que tenga cabida; segundo, asegurar que los Estados participan de esa libertad mediáticas permitiendo la diversidad y pluralidad de opiniones. «Hay que evitar que los medios sean un megáfono de la propaganda rusa, es importante esto para mejorar nuestra democracia», aseguran portavoces de la comisión.

La presidencia española se ha pronunciado a favor de aligerar los cauces necesarios para tener un texto definitivo cuanto antes. Fuentes encargadas del proyecto admiten que se quiere antes del próximo triálogo a finales de noviembre, pero no esperan que esté hasta febrero.

Sea como sea, las prisas son evidentes en el seno de la UE. Quieren que esté aprobado antes del fin de la presente legislatura para evitar que tanto Hungría como Polonia (presidencia europea en el segundo semestre de 2024 y primero de 2025) puedan frenar un documento semejante.