Mónica García asegura que su Observatorio contra la corrupción sanitaria perseguirá las «malas prácticas»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Observatorio contra la corrupción y el fraude sanitario, que presentó el pasado mes de marzo, va a tener «una misión fundamental» en la prevención, el establecimiento de un sistema de alertas y de colaboración para frenar todos los comportamientos ilícitos y fraudulentos que dañan la salud de la sanidad, la sociedad y de la democracia.

Así lo ha declarado en la apertura del seminario contra la corrupción sanitaria Adressing Corruption in Health Systems: Towards Equity and Eficiency, que se celebra en la sede del Ministerio de Sanidad y que organiza la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La titular de la cartera de Sanidad, según la nota de su departamento, ha ratificado en la inauguración que la lucha contra la corrupción en el ámbito sanitario es una de las prioridades del Ministerio y va a contar para ello con «las mejores experiencias en el ámbito nacional e internacional».

«Nuestra función es proteger nuestra sanidad de esas malas prácticas para que nunca vuelvan a cometerse», ha dicho Mónica García, que ha recordado que si toda forma de corrupción es execrable, en nuestros sistemas de salud es «doblemente condenable, porque afecta a nuestra salud».

En este sentido, ha resaltado que durante las últimas semanas y meses se ha presenciado cómo ha habido quienes han mercadeado con nuestra salud de manera descarada y con inmunidad.

Se trata no ya de una puerta, sino de una «parasitación giratoria» de nuestra sanidad, ha apuntado. Por eso, la función del Ministerio de Sanidad va a ser combatir las malas prácticas para que nunca vuelvan a cometerse.

La ministra considera que el Sistema Nacional de Salud, en su papel garante de la salud de los españoles y españolas, tiene la obligación de intervenir en estos casos, fiscalizarlos y prevenirlos de forma efectiva.

El Observatorio contra la corrupción y el fraude sanitario se encargará de la prevención, profundizando la transparencia y facilitando el cumplimiento de la legalidad, muy especialmente de la legislación de contratos del sector público.

En primer lugar, se va a encargar de la elaboración de un manual de prácticas de no hacer en la contratación pública. «Si ante un paciente decimos que lo primero es no hacer daño, al realizar contratos también tenemos que tener muy claro que hay acciones que son un caldo de cultivo para la corrupción», ha apuntado.

En segundo lugar, se va a crear un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud, destinado a identificar los puntos críticos donde se concentran la corrupción y el fraude sanitario.

Y, por último, se va a desarrollar un intenso calendario de colaboración con todos aquellos órganos y organismos nacionales e internacionales que tengan atribuidas funciones de vigilancia en la contratación. «No estamos jugando la salud de los ciudadanos y también su confianza en nuestras instituciones», ha concluido.