Reino Unido mintió a miles de pacientes que murieron por transfusiones de sangre contaminada

Durante las décadas de 1970 y 1980, miles de personas se contagiaron y murieron en el Reino Unido por un caso muy grave de salud pública. Más de 30.000 pacientes que recibieron transfusiones de sangre y medicamentos para la hemofilia en la sanidad pública (NHS) fueron expuestos a sangre contaminada con VIH, Hepatitis B, C y enfermedades virales crónicas. Años después, un informe exigido en 2018 determina que la infección masiva fue evitable, pero el Servicio Nacional de Salud (NHS) y el Gobierno ocultaron la información.

En el informe final, de 2.527 páginas, los expertos aseguran que se mintió a los pacientes «sobre los riesgos» y en algunos casos «se infectaron durante investigaciones realizadas sin su consentimiento». Asimismo –detalla The Guardian, que se ha hecho con el documento– también hubo demoras a la hora de informar a los enfermos sobre sus «infecciones», retrasos que en algunos casos se «extendieron durante años».

En los años 70 se introdujo un nuevo tratamiento contra la hemofilia que requería una gran cantidad de reservas sanguíneas, lo que obligó al Reino Unido a importarla de Estados Unidos, donde los donantes –muchos de ellos de grupos de riesgo como drogadictos, trabajadores del sexo y presos– recibían un pago por su sangre.

Cinco años después del inicio del estudio, Brian Langstaf, exjuez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, ha concluido que, aunque posiblemente no se habría evitado «del todo», los sucesivos gobiernos y diferentes autoridades no quisieron poner «fin a la situación».

Según las estimaciones, los afectados que acudieron sobre esas fechas a hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) pudieron haberse contagiado. De estos, alrededor de 2.900 adultos y niños murieron como consecuencia de uno de los mayores desastres sanitarios en la historia del país.

Ocultaron información

Langstaff asegura que los riesgos de hepatitis que planteaban las transfusiones de sangre o el uso de plasma se sabían antes de que se crease en 1948 el NHS, por lo que los productos de factor VIII o antihemofílicos «nunca deberían haberse autorizado en 1973».

Asimismo, el exjuez, que se ha encargado de presentar los resultados en la mañana de este lunes, demuestra que «los fracasos del tratamiento se vieron agravados por la negación y la ofuscación». Esto incluía, escribe el medio británico, la afirmación «engañosa» y repetida de que no había «pruebas concluyentes» de que el sida pudiera transmitirse mediante transfusión de sangre y productos sanguíneos cuando surgió la epidemia del VIH en la década de 1980.

Por esto mismo, el magistrado expone que las personas con trastornos hemorrágicos no fueron informados adecuadamente de los riesgos de la hepatitis o el sida. Por lo que concluye que «o no se les dio ninguna información sobre tales riesgos o se les aseguró falsamente que los tratamientos eran seguros».

Al hilo de esta negligencia de Estado, ha pedido al actual gobierno de Rishi Sunak que el país reconozca el desastre y se ofrezca una compensación adecuada a todos los afectados.

Tras décadas de una campaña liderada por el periódico The Sunday Times y por políticos como la diputada laborista Diana Johnson, Theresa May aceptó en 2017 crear una investigación pública del escándalo, que comenzó sus trabajos en septiembre de 2018. Pese a que los sucesivos gobiernos conservadores han calificado el caso de «tragedia que nunca debió suceder», nadie ha asumido todavía la responsabilidad.