La ministra de Igualdad, Ana Redondo
Igualdad presiona a las comunidades para que cumplan la ley del aborto
Por comunidades, Cataluña volvió a ser la región con la tasa más elevada de muertes
La lucha por la vida cada vez está más obstaculizada. Mientras algunos grupos políticos, asociaciones y ciudadanos luchan por aumentar la natalidad, que está en mínimos históricos, el Gobierno no para de impulsar la cultura de la muerte y apostar por estrategias y leyes que nada tienen que ver con el artículo 15 de la Constitución Española, referido al derecho a la vida. La última llamada de atención para atentar contra la existencia de los seres humanos la ha dado Ana Redondo, ministra de Igualdad, quien ha mandado una carta a las comunidades para asegurarse de que todas cumplan la controvertida norma del aborto.
En este sentido, la titular de la cartera de Sanidad, ha llamado la atención a todos los consejeros autonómicos responsables de las políticas de Igualdad con el propósito de asegurar que desde las comunidades autónomas están al tanto de «las obligaciones que se derivan de la reforma de la Ley del Aborto, que entró en vigor el 28 de febrero de 2023».
Asimismo, la ministra ha recordado todos los territorios deben llevar un «cumplimiento homogéneo» de la norma, puesto que eso supone garantizar «el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos». Además, ha proseguido, también es clave que «realicemos esfuerzos coordinados» para eliminar «barreras en el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración», asegurando así «una accesibilidad integral en todo el territorio nacional», ha destacado.
Por último, ha querido recordar a los consejeros «el compromiso» del Ministerio y de las administraciones autonómicas «con la legalidad y la igualdad en el acceso a la salud reproductiva y sexual» de las mujeres. Además, se ha puesto a disposición de las consejeras y consejeros «para colaborar en la implementación de estas medidas y asegurar el pleno cumplimiento de la normativa vigente», ha concluido Redondo.
Cifras del aborto en España
En este sentido, 2022, último año del que se tienen datos de nacimientos y de abortos, España ha abierto una senda hacia el fracaso. Ese año, la ley de Irene Montero impidió el nacimiento de 98.316 fetos. Los números se incrementaron con respecto al año 2021, cuando se produjeron 90.189 infanticidios, lo que supuso un crecimiento del 9,01 % con respecto al año anterior. Del total, el 27 por ciento se llevaron a cabo entre la octava semana (dos meses) y la 14 de gestación (cuatro meses).
Por comunidades, Cataluña volvió a ser la región con la tasa más elevada de muertes (14,87 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años). A esta le siguieron la Comunidad de Madrid (12,89), Andalucía (12,5), Asturias (12,45), Baleares (12,38), Murcia (12,26), País Vasco (11,38) y Canarias (10,76).
Por el contrario, en 2022 las regiones con menor tasa de abortos fueron Ceuta y Melilla (3,82), La Rioja (6,71), Galicia (7,09), Extremadura (7,51), Castilla y León (7,95), Aragón (8,92), Navarra (9,20), Cantabria (9,20), Castilla-La Mancha (9,21) y Comunidad Valenciana (9,66).
