Los peligros del llamado 'contenido para adultos': «La pornografía ni es un juego ni es entretenimiento»

El ministro José Luis Escrivá –su actual cargo se denomina «ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública»– es un señor de Albacete que ha logrado estos días quitar algo de protagonismo a la investigación judicial de la esposa de su jefe. No es poco. Según la web de la Moncloa, su formación académica se limita a «postgrados en análisis económico y econometría» –sin más detalles– y es licenciado en Económicas (1984); fuera de la cosa pública su currículo solo incluye un trabajo: «economista–jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004–2010)». Durante estos días, su aportación al debate público se ha centrado en la propuesta de un sistema de control, dependiente del gobierno, para impedir que los menores de edad accedan a contenidos pornográficos. La guasa española se ha referido a esta iniciativa como «el pajaporte».

A pesar de la chanza, cabe preguntarse cuál es la cuestión de fondo. Por qué es tan habitual que un chaval sienta deseos de ver a una mujer desnuda. ¿Cuál es el cometido de los padres ante realidades que no han nacido ayer, pero que las nuevas tecnologías exacerban? Escuchamos a algunos especialistas que, desde hace tiempo, andan preocupados por la proliferación de este tipo de contenidos, sobre todo entre adolescentes. Desde Dale Una Vuelta –una asociación nacida ante la preocupación que supone este contexto, y que plantea «una sexualidad sana, asertiva y afectiva, libre e informada»– nos responde Jorge Gutiérrez Berlinches, su director. En su opinión, «independientemente de la eficacia de este sistema, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ni tampoco hay que matar al oso antes de que nazca; es bueno dejar que este sistema nazca, y luego ya lo criticaremos».

Berlinches entiende que ha habido demasiado ruido en la reacción contra Escrivá, «un exceso de ideología y de prejuicios», pues «la criatura ha empezado a andar e igual sale bien, o sale regular; y, si sale mal, entre todos nos la cargaremos. Lo interesante, en todo caso, es haber sacado el tema, aunque sea de manera simbólica, a la palestra: «es un problema de menores y también de acceso masivo por parte de adultos».

Porque, aunque la eficacia del plan del gobierno sea escasa, «ya será algo muy positivo, pues supone poner alguna barrera, y conseguir que algún menor no acceda», dice Berlinches. A fin de cuentas, se asume que la pornografía no es «un producto más», sino que genera «un daño a la sociedad, sobre todo a los menores». Asimismo, la iniciativa de Escrivá «está dentro de un proyecto más amplio de verificación de edad» que también afecta a «la protección en los teléfonos móviles» y el control parental. Algo que coincide con iniciativas de muchas empresas tecnológicas, como Google.

Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico, autor del libro ¿POR qué NO? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, e investigador en el «Uso problemático de pornografía» en la Universidad Internacional de La Rioja. Villena se ha pronunciado rápidamente en redes sociales; él entiende que hay que «celebrar que este tema se ponga sobre la mesa; preocuparnos por el consumo de pornografía y por la protección de los menores en el entorno digital siempre es una gran noticia». Según Villena, «sobran los datos e investigaciones para saber que esta cuestión constituye un grave problema de salud pública; la pornografía no es un juego, no es un mero entretenimiento de adultos y está teniendo graves consecuencias».

No obstante, Villena expresas sus «dudas sobre esta paternalización del Estado», pues entiende que el aspecto esencial recae en la educación afectiva y sexual y en la responsabilidad de las familias. De igual manera, se han pronunciado otros especialistas, que han recordado la existencia de herramientas que controlan los contenidos y páginas visitadas en nuestra conexión a Internet. Un ejemplo veterano sería Optenet, hoy dentro de la compañía Allot, fundada por los hermanos Martín Abreu y que hace casi treinta años nació para evitar el acceso de menores a contenidos dañinos. Hoy Allot ofrece una amplia gama de servicios de seguridad online.

Por su parte, Sonsoles Vidal –profesora de Derecho Penal e investigadora en el Observatorio de la Criminalidad en la Infancia y la Adolescencia en la Universidad Complutense de Madrid, y abogada especialista en jurisdicción de menores– explica cómo funciona el sistema que propone Escrivá. «La aplicación Cartera Digital Beta», que es el nombre de este sistema, «verifica la edad mediante un certificado electrónico o clave PIN; una vez que se certifica la edad, aparece un código QR que hay que escanear y luego hay que identificarse o bien con el rostro o bien con huella digital, y te otorga una credencial». Vidal señala que esa información llega a los servidores web del gobierno, en vez de alojarse, como hasta ahora, en las plataformas que ofrecen pornografía y que emplean el DNI.

Llegados aquí, aparece alguna confusión en el plan de Escrivá: «Esta aplicación solamente funciona para las páginas de porno alojadas en España y el algoritmo se actualiza cada 30 días; se pueden sacar hasta 30 credenciales, pero, según la información ahora disponible, cada credencial comprendería diez usos por página web, de modo que las 30 credenciales no serían para 30 usos, sino que habría que multiplicar, y serían 300 usos, pero no está nada claro».

El 97 % de páginas porno sigue teniendo unos sistemas de verificación de edad muy livianos que los menores pueden falsear sin problemaSonsoles VidalProfesora de Derecho Penal

¿Cuál es el problema? Que el sistema solo se aplica para las plataformas de porno alojadas en España: o sea, solo «un 3 % de las páginas» que visitan los españoles que consumen estos contenidos se alojan en España. «El 97 % de páginas siguen teniendo unos sistemas de verificación de edad muy, muy livianos y que, por supuesto, los menores pueden falsear sin ningún problema, dándole a ‘OK’ ante la única advertencia que aparece de ‘Contenido no apto para menores de 18 años’», señala Vidal. A eso se le suma que los menores son «nativos digitales».

Vidal se lamenta de que la edad de acceso a la pornografía sean «los ocho o nueve años, aunque de forma accidental», no deliberada. El acceso intencional se sitúa a los doce años. Esto lleva a formularse varias preguntas. ¿Cómo es posible que el mismo gobierno que ve con buenos ojos que las menores de edad aborten sin conocimiento paterno, o que los menores se sometan a tratamientos quirúrgicos o químicos de cambio de sexo, o que contemplen en la escuela talleres de masturbación o exhibiciones de drag queens, no puedan acceder al porno?

Ante «estas contradicciones o incoherencias», dice Vidal, el foco debe ponerse en que «los responsables últimos de los menores siempre serán los representantes legales». Porque «parece un contrasentido que no puedan acceder a páginas pornográficas hasta que no hayan alcanzado la mayoría de edad y, sin embargo, puedan prestar su consentimiento sin necesidad de la autorización de los padres para abortar a partir de los 16, o para contraer matrimonio, si son niñas, a partir de los 14 años, y los varones a partir de los 16 años», señala esta profesora de la Universidad Complutense. Vidal destaca, además, que el auge de la pornografía apunta a un problema generalizado, pues implica una merma en la percepción de una sexualidad armónica que debería estar basada en la aceptación y afecto dentro de la pareja.